"Esto tiene que salir ya": la orden de García Ortiz a la fiscal superior de Madrid sobre la nota del novio de Ayuso

La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ha ratificado al juez que investiga a dos fiscales por revelación de secretos -por la difusión de un comunicado de las negociaciones con el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, para cerrar un acuerdo de conformidad- que fue el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien le ordenó que se publicara ese comunicado, según confirman fuentes jurídicas.

Según esas mismas fuentes, la testigo dejó claro al fiscal general que no estaba de acuerdo con la publicación de esa nota. "Que lo publiquen ellos si quieren", replicó (en referencia a que fuese la Fiscalía General del Estado quien difundiese el comunicado, y no la Fiscalía de Madrid), a lo que García Ortiz habría respondido que la nota "estaba consensuada" con la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández. "Esto tiene que salir ya", le apremió.

Según Lastra, ella compartía que era necesario "desmentir un bulo" (que el fiscal general había ordenado que no se llegara a un acuerdo de conformidad con la defensa de González Amador), pero no mediante un comunicado público con ese contenido (desvelando conversaciones reservadas con el abogado del empresario).

La fiscal superior de Madrid ha explicado que esas órdenes se las trasladó García Ortiz por teléfono y también a través de un WhatsApp que ha aportado al juez.

En las comparecencias de hoy también ha trascendido que el responsable de la Fiscalía de Madrid, que ha declarado como testigo, amenazó con dimitir si le obligaban a publicar esa nota que habría sido remitida desde el departamento de Comunicación de la Fiscalía General del Estado, según han afirmado los testigos.

La causa apunta al Tribunal Supremo

Lastra y el responsable de Prensa de la Fiscalía de Madrid han declarado como testigos en el marco de la investigación por revelación de secretos contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal de delitos económicos Julián Salto tras las querellas presentadas por González Amador y el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) por la nota pública de la Fiscalía sobre las negociaciones con la defensa del empresario para llegar a un posible pacto a cambio de reconocer el fraude fiscal de 350.000 euros que le imputa el Ministerio Público.

Las fuentes consultadas -que apuntan que el juez "ha estado magnífico" y "muy calmado, pero obteniendo toda la información que le interesaba" para el esclarecimiento de los hechos- dan por hecho que el procedimiento "terminará en el Tribunal Supremo: hay una autoincriminación del fiscal general y la testigo ha corroborado que se lo ordenó publicar la nota en contra de su criterio"

Y es que García Ortiz ya asumió hace unos días por escrito que fue él quien dio "instrucciones expresas y directas" para que se publicara el polémico comunicado. En un escrito dirigido al instructor, el fiscal general instó al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Francisco José Goyena a dejar la causa en manos del Tribunal Supremo al no ser competente para investigarle dada su condición de aforado.

Esa nota, dejaba claro, "no se hubiera distribuido entre los medios de comunicación sin mi previa autorización y sin mis instrucciones expresas y directas", por lo que asumía ser "el máximo responsable (en rango) que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado".

El máximo representante de la Fiscalía respondía así a la petición del magistrado, que instó al Ministerio Público a aclarar quién dio la orden.

El fiscal general trasladaba también al instructor su sorpresa por el hecho de que investigue a los dos fiscales pero no al entorno del empresario, a quien atribuye la filtración de los correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal, difundidos antes de hacerse público el comunicado.

Para García Ortiz, no obstante, esa nota "fue plenamente ajustada a derecho y respondió a la función legalmente encomendada de informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan en el ámbito de la competencia del Ministerio Fiscal". Con esa información solo se pretendía, insistió, "desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios, así como a proporcionar información objetiva e imparcial tras la sucesión de publicaciones dispares y la difusión pública de correos electrónicos que afectaban a la honorabilidad y profesionalidad del Ministerio Fiscal".