Los fiscales del Supremo sí ven indicios para imputar a Puigdemont por terrorismo en Tsunami

La Junta de fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo ha concluido por amplia mayoría que hay indicios suficientes para imputar por terrorismo a Carles Puigdemont en la investigación de Tsunami Democràtic, tal y como reclama el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. Según confirman fuentes fiscales, doce de los integrantes de la Junta aprecian la existencia de indicios de un delito de terrorismo en los hechos recogidos en la exposición razonada que ha remitido al alto tribunal el instructor, mientras que otros tres se han mostrado en contra de la decisión de sus compañeros. En cuanto a Puigdemont, once fiscales de los 15 advierten indicios suficientes para investigarlo, al igual que en el caso del diputado de ERC huido a Suiza Ruben Wagensberg. En esta votación, cuatro fiscales no comparten esa conclusión. El cónclave fiscal, presidido por Fidel Cadena, uno de los fiscales del "procés", y Joaquín Sánchez-Covisa, se ha prolongado más de tres horas.

Desde la Fiscalía General del Estado señalan que "ante las discrepancias entre los dos fiscales jefes de la Junta, y conforme al criterio de los cuatro fiscales jefe de lo Penal, ambos han elevado estas discrepancias a su superior jerárquica, la teniente fiscal del Tribunal Supremo". Será por tanto María de los Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del alto tribunal, un cargo de máxima confianza del fiscal general, la encargada de fijar la posición de la Fiscalía del Supremo en este asunto. Aunque la decisión de abrir una causa penal contra Puigdemont está en manos de la Sala de Admisiones del Supremo, que preside Manuel Marchena, y que integran, además, los magistrados Juan Ramón Berdugo, que será el ponente de la resolución, Eduardo de Porres y Carmen Lamela, que fue la encargada de instruir la causa del "procés" en la Audiencia Nacional antes de que la asumiera el alto tribunal. Si el TS decide finalmente abrir una investigación, designará un instructor, que será quien acuerde las diligencias y cite a declarar a los investigados.

Los quince fiscales de la Junta de Fiscales de lo Penal del alto tribunal han evaluado la exposición razonada remitida el pasado noviembre al Supremo por el instructor del "caso Tsunami", el magistrado del Tribunal Supremo Manuel García Castellón, que instó al TS a imputar por terrorismo al expresidente de la Generalitat tras situarlo en la cúpula de la plataforma responsable de los disturbios en 2019 en protesta por la sentencia del "procés".

Los fiscales han rechazado así mayoritariamente el informe elaborado por su compañero Álvaro Redondo, que consideraba "demasiado abiertos" los indicios contra Carles Puigdemont, descartaba la existencia de un delito de terrorismo y optaba por instar a García Castellón a continuar con la investigación. En ese dictamen, el fiscal sí apreciaba indicios de desórdenes públicos, posibles coacciones, daños y falsedad documental, en las protestas de Tsunami, pero desvinculaba al líder independentista de toda responsabilidad en los heridos durante la toma del aeropuerto del Prat instigada por Tsunami el 14 de octubre de 2019 y descartaba que se le pudiese achacar la muerte de un ciudadano francés que falleció a causa de un infarto en las instalaciones aeroportuarias.

García Castellón ve indicios "fundados y serios" de terrorismo

En la exposición razonada, García Castellón incidía en la existencia de indicios "fundados y serios" de la comisión de hechos que se pueden calificar como acciones de terrorismo y situaba a Puigdemont en una posición ejecutiva y de liderazgo en Tsunami Democràtic, y de "ascendencia” respecto al resto de investigados, entre ellos la dirigente de ERC Marta Rovira y el diputado republicano en el Parlament Ruben Wagensberg, huido a Suiza y a quien ha ordenado localizar.

Tras analizar diversas conversaciones y la agenda del jefe de gabinete de Puigdemont, Josep Lluís Alay (también investigado), el instructor vinculaba al líder soberanista con el nacimiento de la plataforma.

La investigación señala que Puigdemont acudió a unas reuniones que se celebraron en Ginebra los días 29 a 31 de agosto de 2019, donde según García Castellón se llevó a cabo la planificación de las actuaciones de Tsunami, cuyo objetivo -recalcaba en ese escrito- era "subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado, y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva"., señala la exposición de motivos.

El instructor se refería expresamente a un mensaje hallado en el dispositivo de Alay, enviado por el también imputado Jesús Rodríguez. "El lunes 26 de agosto se dará a conocer los perfiles de la campaña Tsunami Democràtic como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo. Supongo que desde Ómnium informarán directamente al presidente Puigdemont. Te lo avanzo para que tenga constancia", rezaba esa misiva. La también investigada Marta Vilalta también sitúa a Puigdemont en otra de esas reuniones.

García Castellón aludía a que Alay habla en una de esas comunicaciones del "grupo de coordinación de la campaña Tsunami Democrátic", afirmando que "las decisiones y dudas que surgen" son "consultadas" al expresidente de la Generalitat "a través del propio Josep Lluís Alay".

Es de otra conversación, entre el imputado Josep Campmajó y Puigdemont, de la que el juez infiere un supuesto rol de liderazgo del líder independentista en Tsunami. Campmajó se queja de la actitud de algunos políticos catalanes respecto a las condenas del "procés": "Ayer estuve nuevamente en primera línea. Tanto en BCN como en GRN. Mi gente bien distribuida" y "o tú y Tsunami tomáis el control o tendremos que comenzar a gestionar el precio de las bajas". "Intentamos que el Gobierno se ponga las pilas", responde Puigdemont. "President… Los diputados están cagados. La gente les pasa por encima. El Govern está acojonado…", le advierte su interlocutor. "Cierto. Y eso no es bueno", contesta el líder de Junts.