La Fiscalía apremia a Justicia a borrar los antecedentes penales del exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón

La Fiscalía de la Audiencia Nacional insta al Ministerio de Justicia a borrar los antecedentes penales del exjuez Baltasar Garzón -que fue condenado en 2010 a once años de inhabilitación por el Tribunal Supremo (TS) por autorizar las escuchas en prisión de las conversaciones de los cabecillas de la "trama Gürtel" con sus abogados- tras su prolongado silencio a la petición del exmagistrado de aplicar el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que en julio de 2021 vio vulnerado su derecho a que la condena fuese revisada por un tribunal superior.

El Ministerio Público aprecia una responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia por la vulneración de los derechos fundamentales de Garzón a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías, conforme a lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con relación al principio de independencia judicial y garantía de inamovilidad.

Asimismo, promueve que se declare no conforme a Derecho la desestimación por silencio administrativo de las pretensiones de Garzón -que también reclama su restitución como juez central de la Audiencia Nacional- por parte del Ministerio de Justicia y que se condena a la Administración Pública al pago de una indemnización por daños y perjuicios.

En el escrito dirigido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional -encargada de tramitar la demanda de Garzón-, el fiscal Manuel Campoy asegura que las acciones impulsadas por el exmagistrado "no pretenden dejar sin efecto y anular las sentencias firmes" del Tribunal Supremo (en relación no solo a las escuchas en prisión en el "caso Gürtel" sino también respecto a su investigación de los crímenes del franquismo).

No fue un "error judicial"

No se pretende, aclara, un "recurso de revisión de sentencias" ni se cuestiona "una reclamación de indemnización por causa de "error judicial". Como tampoco dejan sin efecto el efecto de cosa juzgada, "pues no hay plena coincidencia entre lo resuelto judicialmente en firme y lo que suscita el dictamen de Comité de Derechos Humanos".

Ese dictamen concluyó que Garzón fue condenado por el Supremo "sin posibilidad de revisión del fallo condenatorio y de la pena". Y apuntó que "el juez no debe estar sujeto a acciones penales o disciplinarias basadas en el contenido de sus decisiones, excepto en los supuestos de delito grave, corrupción, mala conducta o incompetencia que lo haga inapto para el cargo". Y remarcó que en caso de errores judiciales estos deben corregirse "mediante la revisión de la decisión por un tribunal superior".

"Revictimizar" a Garzón

Para la Fiscalía, el tiempo transcurrido sin cumplir las conclusiones del Comité de Derechos Humanos de la ONU -las peticiones de Garzón se remontan a enero de 2022 y fueron reiteradas un año después y el pasado enero-, "con la consiguiente necesidad de iniciar nuevos procesos administrativos y judiciales para tratar de alcanzar la obligada reparación integral", supone una "revictimización" del exjuez de la Audiencia Nacional.

El dictamen del Comité DDHH dispuso la obligación de proporcionar a Garzón un "recurso efectivo" contra esas resoluciones del Supremo (última instancia jurisdiccional y que en el caso de aforados supone no poder acudir a una segunda instancia), y una "reparación integral" que incluya el borrado de sus antecedentes penales y una "compensación adecuada por el daño sufrido", adoptando medidas para "evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro", publicando y dando una amplia difusión a ese dictamen.