La Fiscalía de la Audiencia Nacional abre diligencias por el pendrive de Leire Díez y ordena analizarlo

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investigación tras recabar el pendrive de Leire Díez, la conocida como "fontanera" del PSOE, para estudiar su contenido. El ente recibió el dispositivo de manos de la Fiscalía General del Estado y ha ordenado que se analice el material para ver si del mismo se desprende algún indicio de delito. La memoria USB se ha derivado para su consiguiente estudio sin ni tan siquiera abrirla para no alterar la cadena de custodia.

Fuentes fiscales consultadas por LA RAZÓN indican que las diligencias abiertas son de carácter reservado (el equivalente al secreto de los procedimientos judiciales) y de momento las mismas quedan a la espera del resultado de la exploración encargada. Cabe recordar que Díez -a quien un juzgado investiga ya por sus presuntas maniobras para anular causas que afectan al entorno de Pedro Sánchez- llevó el pendrive al PSOE y éste, a su vez, lo derivó al ente que representa Álvaro García Ortiz. Según la exmilitante socialista, contiene información recabada en los últimos años en el marco de un trabajo de investigación centrado en presuntas irregularidades del Partido Popular, la Guardia Civil, así como jueces y fiscales.

Sin embargo, como viene informando este medio, el contenido del USB, lejos de ser nuevo, está en su mayoría judicializado. Gran parte del mismo lo aportó Javier Pérez Dolset al caso Villarejo en 2022. El empresario, que está personado como víctima en estas diligencias, entregó el 31 de mayo de aquel año una memoria con 39 archivos distribuidos en siete carpetas. Entre ellas destaca la bautizada como "Audiencia Nacional"; "caso Faisán" (que contenía archivos de audio del ex Director Adjunto de la Policía Nacional Miguel Ángel Fernández Chico) o "Astapa"; relativa a las supuestas irregularidades policiales en la investigación que se siguió contra el exalcalde de Estepona José Antonio Barrientos.

Un contenido ya analizado y descartado

El pendrive incluía también la carpeta "Olivera" (en referencia al exjefe de la UDEF, el comisario José Luis Olivera); el archivo "JL Pérez" (que puede referirse a José Luis Pérez, uno de los informantes de Villarejo en la investigación contra Sandro Rosell); el archivo "PP" y otro documento más, que era ajeno al procedimiento. Tras recabar todo este material, el entonces instructor del caso Villarejo, Manuel García Castellón, abrió una nueva pieza, la número 34, y ordenó a la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional que analizara el contenido de todo lo recabado para valorar "su relevancia" dentro del procedimiento.

El estudio determinó que algunos de dichos archivos (como los audios de Villarejo con el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez) sí tenían que formar parte del caso por tener conexión con el mismo. Por ese motivo se derivaron a la pieza Kitchen, relativa a un espionaje ilegal a Luis Bárcenas impulsado por la bautizada como "policía patriótica". Sin embargo, otros se apartaron de la causa por no guardar relación con la misma. Pese a ello, el PSOE -personado como acusación popular- solicitó al juez acceder a todo el material entregado por Pérez Dolset quien, a su vez, es cercano a la entonces militante socialista Leire Díez.

Pero el juez cerró el paso asegurando que no se puede acceder a un material que no forma parte del procedimiento. Es más, expuso que muchos de dichos audios procedían de "fuentes de público acceso" y que su contenido resultaba "irrelevante" para esta causa porque no tenía nada que ver con los espionajes de Villarejo que en ella se investigan. El partido socialista, sin embargo, recurrió su decisión razonando que no eran asuntos afectados por la Ley de Secretos Oficiales y que privándoles el acceso se vulneraba su derecho a la tutela judicial efectiva. Además, luchó para que se investigara si Villarejo espió al padre de Begoña Gómez, Sabiniano Gómez, por sus negocios con las saunas de Madrid.

El juez ya frenó al PSOE por las saunas de Sabiniano

Ferraz expuso en sede judicial que los seguimientos de Villarejo al suegro del presidente del Gobierno solo buscaban "utilizar el resultado obtenido con fines partidistas". Sin embargo, García Castellón respondió -en consonancia con la Fiscalía Anticorrupción- que la prueba clave en la que se basó el PSOE para abrir esta investigación (un audio de 2014 relativo a una conversación entre Villarejo y el entonces número dos de Interior) no contenía indicio alguno que hiciera pensar que se investigó al suegro de Sánchez extramuros de un procedimiento judicial.

Más bien al contrario, de la conversación aportada al caso se desprende que ambos comentan aspectos sobre el supuesto negocio irregular de Sabiniano Gómezque ya se había publicado previamente en prensa y que aparecen en las agendas del comisario jubilado, por lo que la información podría provenir de fuentes abiertas. Además, ambos aludieron a la buena relación que mantenía el suegro de Sánchez con el exjefe de la UCAO Enrique García Castaño, alias "el Gordo"; extremo este último que el propio mando policial confirmó durante su comparecencia en la Comisión del Congreso de los Diputados por la trama Kitchen el 22 de abril de 2021.

Por su parte, Villarejo defendió que sus pesquisas sobre este asunto se produjeron solo para constatar las sospechas existentes acerca de que las saunas esconderían un negocio ilegal de prostitución, por lo que no afloró ningún hecho que no fuera ya conocido. Como informó este medio, el comisario jubilado plasmó sus conclusiones en uno de sus bautizados como "informes de inteligencia", en el marco del cual expuso que el suegro del entonces candidato a Presidencia del Gobierno se dedicaba a negocios turbios.

Las reuniones de Díez

Así pues, todo ello evidencia que el material que llevó Leire Díez al PSOE no solo está judicializado, sino que el propio partido ya tiene parte del mismo al estar personado en la causa en la que se aportó en 2022. Ahora bien, su objetivo es que se le dé traslado de manera oficial de todo el contenido para poder pedir diligencias sobre el asunto de la sauna y otros que afectan al PP. Cabe destacar que el USB que ahora está en poder de la Fiscalía de la Audiencia Nacional adhiere, además de lo ya mencionado, documentos que afectan al juez Juan Carlos Peinado (quien instruye la causa contra Begoña Gómez por cinco delitos) y también al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que lleva en primera persona la principal acusación del caso Koldo.

Atendiendo al contenido del pendrive (y al hecho de que el mismo ya ha pasado por las manos de la Policía Judicial, de Anticorrupción y del caso Villarejo), se antoja complicado que de este nuevo análisis se obtenga la conclusión contraria. También extraña que el mismo no se haya facilitado a Anticorrupción toda vez que incluye material de causas que se siguen todas en este órgano. En cualquier caso, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha actuado conforme a lo habitual en estos casos y ha ordenando su análisis antes de decidir sobre el mismo.

Se da la circunstancia de que todos los movimientos que impulsó el PSOE en el caso Villarejo se produjeron en paralelo a las reuniones de Leire Díez con empresarios y otros imputados para conseguir trapos sucios de la UCO, de Anticorrupción y de la juez Beatriz Biedma, quien ha investigado y procesado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Así, destaca un encuentro telemático que la conocida como fontanera del PSOE tuvo con Alejandro Hamlyn, un empresario implicado en un fraude millonario del IVA con el negocio de los hidrocarburos.

Esta reunión, en la que participó Pérez Dolset y que desveló El Confidencial en mayo, evidenció los intentos por recabar información negativa del teniente coronel de la UCO Antonio Balas para así desacreditar la labor de la unidad de élite de la Guardia Civil que dirige las pesquisas contra la mujer del presidente del Gobierno, su hermano, o el "caso Koldo", entre otros. También se reunió con el comandante de la Guardia Civil imputado en esta última causa, Rubén Villalba, (a quien le ofreció ventajas con la Fiscalía Anticorrupción si le ayudaba en su cruzada) o con quien fuera fiscal del caso Villarejo, Ignacio Stampa, a quien se acercaron conocedores de los injustos términos en los que se produjo su salida del procedimiento y de Anticorrupción.

Imputada por dos delitos

Las fuentes consultadas por LA RAZÓN precisan que en el grueso de los encuentros Díez dijo que actuaba en nombre de Ferraz y solía mencionar como interlocutor a Santos Cerdán, entonces "número tres" del PSOE y ahora imputado como presunto cabecilla del caso Koldo y en prisión provisional por esta causa. Díez, por su parte, niega que hablara en nombre del partido socialista y asegura que todos estos encuentros se produjeron en el marco de un trabajo de investigación.

Con todo, la avalancha de denuncias interpuestas contra la exmilitante del PSOE ha propiciado la apertura de diligencias por delitos de tráfico de influencias y cohecho. El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, le ha citado como investigada el próximo 11 de noviembre tras abrir causa con el criterio favorable de la Fiscalía. En paralelo, otros dos juzgados que recabaron denuncias en idénticos términos se han inhibido en favor de este primero, mientras que en Badajoz también se abrió causa por las maniobras para reducir a la juez del "caso del hermanísimo", llegando incluso a ofrecerle su personación como víctima en las diligencias. Sin embargo, el juzgado extremeño se ha inhibido en favor de Madrid.

La Fiscalía, por su pate, pidió a Zamarriego que adhiriera a estas diligencias la denuncia de los fiscales Stampa y José Grinda, exponiendo este último que se le intentó sobornar pidiendo que dejara la causa que lidera contra Pérez Dolset y la Fiscalía Anticorrupción. El juez declinó añadir estos dos asuntos al procedimiento, pero el Ministerio Público ha recurrido su decisión para que se investigue con la otra denuncia. Con todo, Díez también ha sido citada a declarar en la comisión del caso Koldo en el Senado el próximo 8 de septiembre. Lo previsible es que no responda a las preguntas dado que podría perjudicarle en el marco del procedimiento por el que está siendo investigada.