La Fiscalía de Cantabria, contra el «criminal de la dictadura fascista» Carrero Blanco

Tras unas luctuosas vivencias familiares –su hermano José fue fusilado en Almería; su padre murió de un ataque al corazón el día que fueron a detenerle y su hermano Camilo sufrió un ac­cidente de aviación–, Luis Carrero Blanco, que no había tomado parte en el golpe de 1936, estuvo destinado en un buque que tenía como misión bloquear los posibles suministros de Rusia a la zona republicana. Después pasó a comandar el submarino General Sanjurjo y en octubre de 1938 embarcó en el Canarias como jefe de Estado Mayor de la División de Cruceros. Durante la dictadura fue decisivo en la no entrada en la Segunda Guerra Mundial, activó los lazos con Estados Unidos y urdió el camino de Don Juan Carlos a la sucesión.

A los 52 años de su muerte, los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Santoña estudian la retirada del monumento dedicado al almirante, que nació en este municipio cántabro en 1904. El Consistorio contestará a la Fiscalía, que ha requerido a este y a otros catorce municipios de Santander para retirar símbolos franquistas, y cumplirá la Ley de Memoria Democrática, según avanzó el alcalde, Jesús Gullart.

Primer presidente de Franco

El Ayuntamiento recibió una notificación de la Fiscalía de Cantabria, tras una denuncia de cuatro asociaciones –Archivo de Guerra y Exilio, Colectivo de Memoria de Laredo, Desmemoriados y Héroes de la República Colectivo de Memoria de Laredo–, en la que se indica que hay tres elementos contrarios a la Ley de Memoria Democrática en el municipio. En concreto, apuntan al Paseo del Almirante Carrero Blanco, la Plaza del General Mola y el Monumento a Carrero Blanco, que fuera primer presidente de Gobierno de Franco.

Sin embargo, el regidor ha hecho unas puntualizaciones. «A bote pronto, la primera a la que hacen referencia es la Plaza General Mola, que no existe desde hace más de 20 años», ha subrayado a la cadena Ser Gullart, quien explica que ese nombre ya se retiró y el de otras calles que tenían nomenclatura franquista se quitaron al entrar en vigor la primera Ley de Memoria Histórica, que data de 2007.

Desde el Ayuntamiento trabajan para dar una respuesta a la Fiscalía, según ha dicho el alcalde. En cualquier caso, subrayó Jesús Gullart, el Consistorio cumplirá lo que dicta la norma, «como no puede ser de otra manera».

Los otros municipios cántabros requeridos por la Fiscalía son Bárcena de Cicero, Camargo, Colindres, Comillas, Corvera de Toranzo, Medio Cudeyo, Piélagos, Potes, Ribamontán al Mar, Ribamontán al Monte, San Roque de Riomiera, Selaya, Suances y Villacarriedo.

En el escrito se avisa a los titulares municipales de que, a partir de la documentación que aporten, la Fiscalía valorará si hay fundamento para promover acciones judiciales en su territorio.

En el requerimiento al alcalde de Santoña, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Cantabria, Carlos Yáñez, se basa en su legitimación para «promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados», así como para actuar «en el marco» de la Ley de Memoria Democrática y, «en particular», de «las víctimas a que se refiere el artículo 3» de la norma aprobada en octubre de 2022, «dirigida a preservar y mantener la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, a través del conocimiento de la verdad» y «el establecimiento de un deber de memoria de los poderes públicos, para evitar la repetición de cualquier forma de violencia política o totalitarismo».

Verdad y reparación

Tras recordar la normativa internacional sobre el derecho a la verdad y la reparación, el fiscal Yáñez, apunta que «ensalzar o enaltecer públicamente a criminales de la dictadura fascista a través de nomenclaturas o símbolos en las vías públicas municipales, constituye un acto de normalización de una realidad criminal, que oculta la historia de los que sufrieron la represión».

«En este sentido», refiere que el artículo 1 de la Ley de Memoria «reconoce el derecho de las víctimas y de la sociedad en su conjunto (...) a la verificación de los hechos y la revelación pública y completa (...) en que se cometieron» las «violaciones del Derecho Internacional Humanitario (...) con ocasión de la guerra y la dictadura».

Cita el fiscal acto seguido el artículo 35 de la norma, que considera «establece con absoluta claridad las obligaciones de las administraciones públicas» al disponer que «se consideran elementos contrarios a la memoria democrática las exaltaciones de la sublevación militar y la dictadura, incluyendo edificaciones, escudos, placas y menciones conmemorativas en espacios públicos». Asimismo, menciona las referencias a «topónimos, en el callejero o en las denominaciones de centros públicos, de la sublevación militar y de la dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura».

Sobre la responsabilidad en quien recae hacerse cargo, el texto recoge que son «las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias y territorio», las que «adoptarán las medidas oportunas para la retirada» de estos elementos. Añade el apercibimiento que «carecerán de visibilidad los retratos u otras manifestaciones artísticas de militares y ministros asociados a la sublevación militar o al sistema represivo de la dictadura», por lo que «no podrán mostrarse en lugares representativos».

En esta línea, el fiscal de Memoria alude a los «honores a criminales fascistas que al día de la fecha pudiera mantener el Ayuntamiento de Santoña» e insta a «revisar de oficio o retirar la concesión», bajo amenaza de ser sancionado «sin perjuicio de otras responsabilidades», como establece el artículo 60 de la Ley de Memoria Democrática, y cita a continuación el artículo 62,2ºd de la misma norma, que considera una infracción grave «el incumplimiento de la resolución por la que se acuerde la retirada de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática prevista en el artículo 37, cuando entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares».

Acciones judiciales

En base a estas circunstancias, el fiscal Yáñez hace llegar la petición al alcalde de la localidad cántabra «para que dé cumplimiento a la legalidad vigente y, en su caso, exprese las razones por las que no se haya» acatado esta normativa, lo que daría lugar a «promover ante jurisdicción competente las acciones contencioso administrativas o penales que procedan».

El mismo fiscal ya apremió al Ayuntamiento de Santander a borrar de su callejero a Franco, Fidel Dávila, Alonso Vega, Moscardó, García Morato, y Carlos Haya, así como a retirar las distinciones al propio Carrero Blanco y al «Caudillo». Se aprobó por unanimidad de todos los grupos, salvo Vox.

Ante esta tesitura, en Santoña está en el punto de mira el monumento al que fuera presidente del Gobierno del escultor Juan de Ávalos –autor de la «Piedad» y el resto de las grandes tallas del Valle de los Caídos, con su conjunto de Tenerife bajo amenaza–.

Levantada en 1976, la obra de 40 metros ha sido vandalizada con pintadas de la bandera de la República y simbología de izquierdas. La escultura en recuerdo del almirante –que sigue ostentando el título de hijo predilecto de la villa– y fue asesinado por ETA en un espectacular atentado en diciembre de 1973, domina desde hace décadas el paseo marítimo de Santoña.