La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone a admitir a trámite una querella contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por delitos contra la comunidad internacional y crímenes de lesa humanidad. El Ministerio Público considera que este órgano no es competente para investigar el abordaje de la flotilla humanitaria de Greta Thunberg ante las acciones impulsadas en los tribunales internacionales.

Fuentes jurídicas avanzan a LA RAZÓN que en su informe, firmado el pasado 16 de julio, el Ministerio Público apeló al artículo 23.5 a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que determina que los delitos recogidos en la querella no se pueden perseguir en España en el supuesto de que un tribunal internacional haya iniciado un procedimiento para su investigación. En ese sentido, apelan a la orden de arresto que emitió la Corte Penal Internacional contra Netanyahu el pasado 21 de noviembre por crímenes de guerra y contra la humanidad.

Así pues, el asunto está ahora en manos del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, que tiene pendiente resolver sobre el informe. El magistrado incoó diligencias el pasado 7 de julio al considerar que los hechos denunciados presentaban "características" que hacían presumir "la posible existencia de una infracción penal". Por ello, dio traslado a la Fiscalía para que informara sobre la competencia del órgano y, en su caso, instara diligencias a practicar.

Asalto a la flotilla de La Libertad

La querella, que firman los abogados Jaume Asens y Endika Zulueta, se interpuso en nombre del activista español Sergio Toribio y del Comité de Solidaridad con la Cauas Árabe. La misma se dirige contra Netanyahu; el ministro de Defensa, Israel Katz; el comandante de la Armada israelí, David Saar Salama; altos mandos de la unidad de élite Shayetet 13 (que ejecutó el abordaje de la flotilla humanitaria Madleen) y contra el hasta ahora portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari.

El escrito, al que ha tenido acceso este medio, relata el asalto por parte de las fuerzas militares israelíes de la embarcación Madleen, que integra la flotilla de la Libertad, y que pretendía transportar alimentos y material sanitario a la población civil palestina, ante el bloqueo terrestre, aéreo y marítimo impuesto por Tel Aviv.

Al hilo, se explica que la embarcación fue interceptada y abordada violentamente por el Ejército y que emplearon para ello drones, gases lacrimógenos y medios coactivos, procediendo además a la detención de una docena de integrantes de la flotilla pese a no contar con orden judicial. Entre los arrestados se encontraba el español Sergio Toribio que fue trasladado a territorio israelí sin asistencia letrada ni garantías procesales y que, tras ello, fue deportado sin procedimiento judicial.

Un español entre los detenidos

El abordaje -en el marco del cual se les confiscaron todos sus dispositivos electrónicos- se produjo por orden de ministro de Defensa y estuvo supervisado en todo momento por el jefe de la Armada. Del mismo modo, sostienen que Hagari "desempeñó un papel central" en el diseño de esta acción. De Netanyahu sostienen que ostenta la responsabilidad política y penal última de todas las decisiones de su Gobierno, al que se le atribuye el asesinato de más de 64.000 personas desde octubre de 2023.

La tripulación estaba compuesta por civiles entre los que se encontraban un reportero de Al Jazeera, la activista sueca Greta Thunberg y el español Sergio Toribio. Precisamente, los letrados se acogen a la presencia del ciudadano español en los hechos para reivindicar la competencia de la Audiencia Nacional en el asunto. De hecho, alegaron que su condición de testigo directo y víctima de lo ocurrido le otorga "plena legitimación" para comparecer como acusación popular.

La querella invoca el principio de jurisdicción universal, reconocido también en el artículo 23.4 de la LOPJ, toda vez que el ataque a la embarcación constituiría un crimen de guerra, en los términos que contempla el artículo 611 del Código Penal, por dirigirse contra una misión humanitaria. "Dicho precepto reconoce la competencia de los tribunales españoles para conocer de crímenes de guerra y lesa humanidad cuando las víctimas sean españolas o exista otro vínculo de conexión con el Estado español", indica.

La querella reivindica la competencia de la Audiencia Nacional

Al hilo, apela a los Convenios de Ginebra (1949) y al Estatuto de Roma (1998), además de la Convención contra la Tortura (1984) y sobre el Genocidio (1948), entre otros, y reivindica la competencia de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos en tanto que considera que no se está produciendo una "persecución penal real" a los crímenes de Gaza. Así pues, la ausencia de duplicidad de investigaciones propiciaría la apertura de una causa penal por parte de la Audiencia Nacional.

"Israel no ha iniciado procedimiento judicial alguno relativo al abordaje del Madleen ni ha dado señales de que tenga intención de hacerlo", indican los querellantes, los cuáles recuerdan que hay precedentes de ataques -como el perpetrado al Mavi Marmara en 2010 en el que murieron 10 civiles- y que nunca fue investigado. "No hay, por tanto, ningún motivo razonable para creer que Israel actuará de forma diferente ahora", sostienen.

Del mismo modo, recuerdan que Israel no solo se ha negado a cooperar con la Corte Penal Internacional, sino que ha incumplido, además, las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de la ONU. Al respecto, precisan que la CPI no ha abierto tampoco ninguna investigación específica por el ataque a la flotilla y que, por ello, no se le impide a la Audiencia Nacional investigar los hechos.