La Fiscalía europea investiga las adjudicaciones de Canarias y Baleares del “caso Koldo”

Las mordidas del «caso Koldo» ya han dado oficialmente el salto a Europa. La Fiscalía europea (EPPO, por sus siglas en inglés) ha abierto una investigación sobre los contratos de la trama para la compra de mascarillas formalizados por los Ejecutivos de las Islas Canarias y de las Islas Baleares, concretamente, las que fueron a parar al Servicio Canario de la Salud y al Servicio de Salud del archipiélago balear. El órgano ve indicios de presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias, de acuerdo con las leyes españolas y con el Reglamento propio del Ministerio Público de la Unión Europea (UE). Las actuaciones que ha desarrollado para determinar su competencia tienen su origen en una denuncia presentada por un particular. A partir de ahí, la Fiscalía ha puesto en marcha diversas diligencias con el objetivo de comprobar si los hechos denunciados encajan dentro de las funciones que tiene encomendadas.

Entre las diligencias que ha iniciado, están la petición de información adicional y antecedentes sobre estas adjudicaciones bajo sospecha. Los datos los ha recabado ante la Fiscalía Anticorrupción y también ante el Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional (AN), donde se concentra la investigación de nueve contratos del «caso Koldo» por un importe total de 53 millones de euros. Existen sospechas de que se urdió una trama para el cobro ilegal de comisiones millonarias. De los nueve contratos que están siendo investigados, uno fue formalizado por el Gobierno balear cuando estaba liderado por la actual presidenta de la Cámara de Diputados, Francina Armengol, y otras cuatro adjudicaciones las realizó el Ejecutivo canario, cuando lo encabezaba el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Adicionalmente, la Fiscalía europea ha solicitado información a los distintos organismos encargados de gestionar la financiación de los fondos europeos, ya que los acuerdos para adquirir material sanitario se financiaron con dinero dotado desde Europa para afrontar la emergencia por la pandemia. Una vez analizada la información de estas operaciones, la Fiscalía europea ha abierto formalmente la investigación ante los indicios de delito en los contratos sellados por ambos archipiélagos.

La Audiencia Nacional atribuye delitos de blanqueo, organización criminal, cohecho y tráfico de influencias a seis investigados: el exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García; los empresarios Víctor de Aldama, Juan Carlos Cueto Martín, Íñigo Rotaeche Lachiondo y José Luis Rodríguez García. También ha imputado a Patricia Uriz, la pareja de Koldo, y a Joseba García, su hermano. El origen de la trama estuvo en el Ministerio de Transportes.

"Desprestigio irreparable"

Una vez conocida la decisión de la Fiscalía europea de tomar cartas en este asunto, desde el Partido Popular se ha acusado que España está en el foco de las instituciones de Justicia comunitarias "por una trama de corrupción de cargos socialistas", una situación que genera un "desprestigio irreparable".

La formación popular ha acusado al PSOE de perjudicar la imagen del país "por la corrupción que acecha a sus dirigentes y por la vocación de amnistiar los delitos de sus socios parlamentarios", algo que los ciudadanos no se merecen, aseguran. Por ello, han pedido que asuman sus responsabilidades de forma inmediata, sobre todo, por el rol que desempeñaron en las adjudicaciones Armengol y Torres.