"Procés"

La Fiscalía se inclina por enviar a Barcelona la investigación a Tsunami Democràtic al descartar terrorismo

Considera que junto a la derogación del delito de sedición justificaría inhibirse a los juzgados de la ciudad condal por desórdenes públicos

Antidisturbios franceses intentan desalojar en Le Perthus a los manifestantes convocados por Tsunami Democràtic para bloquear el paso fronterizo de La Junquera
Los antidisturbios franceses han comenzado a desalojar en Le Perthus (Francia) a los manifestantes que bloquean el paso fronterizo de la autopista AP-7, la principal conexión por carretera entre Francia y España, convocados desde el pasado lunes por Tsunami Democràtic en protesta por la sentencia del "procés".David BorratAgencia EFE

La investigación a Tsunami Democràtic por los graves disturbios organizados en Cataluña en respuesta a la sentencia del «procés» puede terminar en los juzgados de Barcelona. El juez Manuel García Castellón tiene que tomar una decisión, pero según fuentes jurídicas la primera valoración de la Fiscalía de la Audiencia Nacional –pendiente del visto bueno de la Fiscalía General del Estado– se inclina por remitir la investigación, centrada ahora en ocho imputados, a los juzgados de la ciudad condal.

Según esas mismas fuentes, el Ministerio Público entiende que una vez derogado el delito de sedición, únicamente se podría imputar a los investigados unos desórdenes públicos agravados, que no podrían considerarse de carácter terrorista por la peculiar configuración de Tsunami Democràtic y la ausencia de los requisitos que acreditan la existencia de una organización terrorista.

Entre los investigados se encuentran el exdirigente de ERC Xavier Vendrell, el empresario Oriol Soler y el historiador Josep Lluís Alay, hombre de confianza del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Las pesquisas también apuntaron a la secretaria general de ERC Marta Rovira, pero según las fuentes consultadas no parece que finalmente el procedimiento se dirija contra ella.

Pero el investigado que puede marcar el rumbo de la instrucción es Ruben Wagensberg, diputado de ERC y secretario cuarto de la Mesa del Parlament, aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Y es que ya sea García Castellón o el magistrado que asuma la instrucción deberá decidir si remite toda la investigación al TSJ catalán o incluso al Tribunal Supremo, si se considera que algunas actuaciones supuestamente delictivas se llevaron a cabo fuera de nuestras fronteras (los investigadores han señalado algunas reuniones mantenidas en Suiza y que fue en Estonia donde se coordinó la estructura técnica de la plataforma independentista ).

Un diputado de ERC condiciona la investigación

Así las cosas, y a la espera de que el fiscal general valide la posición definitiva de la Fiscalía, el Ministerio Público apuesta por mantener unida la causa (tras más de cuatro años de instrucción) y no apartar al diputado de ERC aforado para que sea investigado aparte. Esta es otra de las decisiones que deberá adoptar el instructor.

Un informe de la Guardia Civil incorporado al sumario –cuyo secreto se ha alzado recientemente– señala a Xavier Vendrell como «uno de los miembros destacados» de Tsunami, a la que achaca los «graves disturbios» protagonizados en las calles en el último tercio de 2019, «así como significantes perjuicios económicos y de orden público». Vendrell, según el Instituto Armado, participó en el diseño de la estrategia de Tsunami Democràtic y en la «monitorización de las acciones» –entre ellas el intento de asalto del aeropuerto del Prat, la protesta en el Camp Nou en un Clásico disputado en diciembre de 2019 y los cortes de carretera en la AP-7 en La Junquera–, por lo que le atribuye «cargo directivo y con mando» en la plataforma subversiva.

En cuanto a Josep Lluís Alay, jefe de gabinete de Puigdemont, la Guardia Civil le considera «el nexo de conexión» entre Tsunami y el expresident, hasta el punto de que –reseña– buscaron su «aquiescencia» en sus inicios. Asimismo, apunta su papel de «enlace» con los encargados de la gestión económica de la plataforma.

"Valiéndose de su cargo y posición", defiende el Instituto Armado, habría solicitado a agentes de los Mossos que le revelaran "datos confidenciales acerca de su situación policial o judicial en las bases de datos del citado cuerpo policial".