La Fiscalía indaga en si las comunidades más afectadas por las llamas incumplieron en la prevención

La Fiscalía de Medioambiente comprobará si los ayuntamientos y las comunidades autónomas elaboraron planes de prevención de incendios para los pueblos que se han visto más afectados este verano por las llamas, tal y como adelanta "El País" y ha podido confirmar LA RAZÓN de fuentes jurídicas.

Persiguiendo este fin, el fiscal de Sala de Medioambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, ha dado orden a los fiscales regionales y provinciales del ramo para que analicen la posible existencia de "responsabilidad penal" para aquellas administraciones autonómicas y consistorios que, teniendo la obligación de elaborar planes de prevención, no cumplieron con ella. Especialmente, en aquellas zonas con "peligrosidad del terreno o problemática" para los incendios.

De no existir indicios delictivos, el máximo responsable de la Unidad de Medioambiente ya apunta a que el siguiente paso, si fuera procedente, sería "pasar el tanto de culpa a la administración sancionadora, a los efectos legales que procediera".

En el oficio, al que ha tenido acceso este diario, recuerda que las comunidades, "ante el riesgo general de incendios forestales", están obligadas desde hace tres años, en virtud de la Ley de Montes, a "elaborar y aprobar planes anuales de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales".

Una estrategia que, recuerda, "debe ser objeto de publicidad previa a su desarrollo" y que incluya actuaciones para "la totalidad del territorio" de la región correspondiente.

Vercher se muestra convencido, y así se lo hace saber a sus subordinados en el Ministerio Fiscal, de que la dramática situación vivida este agosto "es debida a la ausencia, o, en su caso, aplicación improcedente" de estos programas de prevención de incendios. "De lo contrario, no se explica lo que está pasando".

Fuentes de la Fiscalía recuerdan a este diario que ya este pasado febrero, el fiscal de Sala pidió a los cuerpos policiales locales, al Seprona y a los agentes forestales que verificasen "la existencia de planes de prevención de incendios" en aquellos municipios incluidos en las zonas más conflictivas.

También instó, entonces, a los fiscales delegados de Medioambiente a "estudiar los casos de incendios producidos en lugares con ausencia de planes de prevención, por falta de iniciativa de la administración competente".

El objetivo, tal y como dejó claro en ese oficio de hace seis meses, es "determinar si la ausencia de planes hubiera incidido negativamente en la producción del incendio".