La Fiscalía se opone a detener las exhumaciones en Cuelgamuros

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, en coordinación con la Unidad Especializada en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, se opone a la paralización de las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura que se están llevando a cabo en el Valle de Cuelgamuros.

El Ministerio Fiscal ya se mostró en contra el pasado 12 de julio de las medidas cautelares solicitadas por la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC) que pretendían detener las exhumaciones. El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 5 de la Audiencia Nacional desestimó la suspensión en un auto del 27 de julio.

La ADVC ha recurrido en apelación este auto, a lo que el Ministerio Fiscal se ha opuesto.

Asimismo, la Fiscalía ha solicitado la inadmisibilidad de la demanda principal formulada por la asociación, basándose en la falta de legitimación y en que el acto recurrido no es impugnable.

Según explica en un comunicado, el Ministerio Fiscal ha alegado que la suspensión de las actuaciones de exhumación "generaría en sí misma un evidente perjuicio al derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación" y, en concreto, al "cumplimiento del deber de la Administración Pública de proceder a la localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas", de acuerdo a los artículos 16 y siguientes de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.

La Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos reclamaba la suspensión de los trabajos iniciados en Cuelgamuros el pasado mes de junio y «el proceso de exhumación hasta informar a todas las familias de los enterrados en el cementerio de la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos del proyecto que dé cuenta de las manipulaciones y actuaciones que se van a realizar sobre los restos de sus ancestros». La medida cautelar «es urgente, pues de nada serviría esta demanda si durante la tramitación del juicio se manipulan, extravían o mezclan los restos mortales de terceros fallecidos sin conocimiento de los interesados», según el escrito presentado en la Audiencia Nacional.

Los familiares representados por la ADVC argumentaban que la resolución de Patrimonio Nacional del pasado 16 de junio «lesiona» la «protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona».

En cuanto a su legitimación, la entidad apunta que «tiene el encargo de múltiples familias [269] cuyos antecesores se encuentran inhumados en la totalidad de 23 espacios de enterramiento, conforme nos consta acreditado por Patrimonio Nacional, de ejercer cuantas acciones civiles y/o penales les puedan corresponder para evitar la manipulación de los cadáveres de sus ancestros sin su previa notificación, dándoles conocimiento y autorización expresa y escrita al efecto».

Los trabajos forenses permitieron el pasado 20 de agosto la inhumación de los restos de 12 víctimas en Pajares de Adaja (Ávila), dos de ellas no identificadas, y continúan en Cuelgamuros hasta la fecha sin que haya trascendido ningún nuevo hallazgo.

El pasado 13 de marzo, el Tribunal Supremo dio luz verde a las exhumaciones tras rechazar el recurso presentado por la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF),