La Fiscalía se opone a indultar el "abuso de poder" de Laura Borràs

La Fiscalía se ha opuesto a la concesión del indulto a Laura Borràs, expresidenta del Parlament, condenada a cuatro años y medio de prisión por prevaricación y falsedad documental, tal y como solicitó el Tribunal Superior de Cataluña (TSJC), quien es favorable a que se le reduzca la pena a un máximo de dos años de cárcel para propiciar su suspensión al carecer de antecedentes penales.

Pero el Ministerio Público se desmarca de ese indulto parcial, porque según expone en el escrito la pena impuesta por la adjudicación de contratos a dedo a un amigo en la Institución de las Letras Catalanas no es desproporcionada ni aprecia "razones de justicia, equidad o utilidad pública" que justifiquen la medida de gracia. Y recuerda que incurrió en un "abuso de poder" "para favorecer" a un "amigo". La "corrupción administrativa", recalca la Fiscalía, resulta "difícilmente susceptible de beneficiarse del derecho de gracia".

En el escrito en el que rechaza el indulto a Borràs, la fiscal Assumpta Pujol incide en que la corrupción es "un fenómeno extraordinariamente perjudicial para la sociedad que pone en peligro la propia democracia, al comportar un menoscabo de la confianza de los ciudadanos en el gobierno y en las instituciones públicas".

De ahí que, argumente, el indulto debe concebirse "como una medida excepcional" reservada para aquellos casos en los que la condena haya sido "desproporcionada e injusta", circunstancias que según su criterio no concurren en el caso de Borràs.

Ni el más "mínimo signo de arrepentimiento"

Por un lado, la Fiscalía no cree que el periodo de instrucción adoleciese de dilaciones indebida y recuerda los "constantes cambios de aforamiento" de la exdiputada de Junts, que obligaron a que la causa pasase por distintos órganos judiciales. De ahí que la prolongación del tiempo de tramitación del procedimiento, subraya, sea "totalmente imputable al comportamiento" de la propia Borràs.

Por otro lado, y en cuanto a que el objetivo de la reinserción ya está cumplido y hace innecesario el cumplimiento de la pena, la fiscal hace hincapié en que "no existe ningún comportamiento" de Borràs que permita atisbar "una mínima aceptación de la conducta delictiva perpetrada y un propósito decidido de no reincidir".

La expresidenta del Parlament, apunta, "no ha aceptado en ningún momento su responsabilidad, no reconoce haber actuado al margen de la ley" y tampoco "ha exteriorizado el más mínimo signo de arrepentimiento".

"Absoluto abuso de superioridad"

Muy al contrario, añade, "son constantes y contumaces" sus manifestaciones públicas "negando su responsabilidad", reivindicando su inocencia, "deslegitimando la actuación jurisdiccional" y afirmando incluso, "sin el más mínimo rubor, haber sido víctima de una persecución judicial por sus ideas políticas" (se refirió a su condena, confirmada por el Tribunal Supremo, como una "aberración jurídica").

Se presenta, resalta, "como víctima de lawfare quien ha cometido el delito con absoluto abuso de superioridad y menosprecio a la legalidad".

De ahí que la Fiscalía considere que Borràs "no se halla reeducada ni rehabilitadas socialmente, y por consiguiente, no se ha alcanzado la finalidad" que persigue el cumplimiento efectivo de las penas.

Su indulto, sostiene, afectaría además de forma negativa a "la percepción de la Justicia, alimentando la creencia de que la ley es inefectiva o que la Justicia es arbitraria". Algo que, advierte, "podría fomentar la comisión de nuevos delitos", a la vez que provocar "una desconfianza generalizada de los ciudadanos sobre la administración de Justicia".