La Fiscalía pide 248 años de cárcel por terrorismo para los doce CDR a los que el Gobierno quiere amnistiar

La Fiscalía pide penas de ocho a 27 años de prisión -248 años en total- por delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de explosivos y tentativa de estragos para los doce integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR). Al contrario de lo que sucede en la causa de Tsunami Democràtic, en la que se investiga a Carles Puigdemont y Marta Rovira, en la que solo aprecia desórdenes públicos en las acciones de protesta contra la sentencia del "procés" en 2019, el Ministerio Público sí aprecia indicios de terrorismo en esta causa, una de las que habría que archivar en aplicación de la ley de amnistía pactada por el PSOE con los independentistas.

La Fiscalía atribuye los tres delitos a Eduardo Garzón, Esther García Canet, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomas, Alexis Codina, Jordi Ros y Rafael Joaquín -solicita para cada uno de ellos una condena de 27 años de cárcel, además de ocho años de libertad vigilada una vez cumplan la pena-, mientras que a Ferrán Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero solo les imputa un delito de pertenencia a organización terrorista, por el que pide ocho años de prisión en cada caso.

A todos ellos, el fiscal solicita que se les impongan igualmente penas de inhabilitación absoluta y de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión u oficio educativo en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre por un tiempo superior en diez años al de la duración de la condena.

Según el fiscal Miguel Ángel Carballo, los acusados se integraron dentro de los CDR en un Equipo de Respuesta Táctica (ERT) conformando una "organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería llevar a cabo acciones violentas o atentados con explosivos y sustancias incendiarias". Y destaca que en el momento de su desarticulación, el supuesto grupo terrorista "ya había llevado a cabo informaciones precisas de sus posibles objetivos". Entre ellos, el Parlamento de Cataluña, la Comandancia Naval de Barcelona, el Gobierno Militar de Barcelona, la Delegación del Gobierno de Barcelona, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la sede de la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de la provincia de Barcelona, de torres de alta tensión y de peajes e instalaciones en autopistas.

Entre todos ellos, destaca el reconocimiento del perímetro del acuartelamiento de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona, situada en San Andreu de la Barca, que llevó a cabo Jordi Ros junto a su pareja sentimental el 18 de mayo de 2019.

"Gran radicalidad"

Según explica el fiscal en su escrito de calificación, el ERT, integrado por individuos "de gran radicalidad", era el encargado de llevar a cabo las acciones "más sensibles", "siguiendo la línea estratégica de los CDR", las que en definitiva requerían "un plus de compromiso y profesionalidad en su ejecución". Los CDR se crearon, asegura, con el objetivo de "asegurar" la celebración del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, que había sido suspendido por orden judicial, para lo cual pretendían "subvertir el orden constitucional de forma material, mediante una estrategia planificada y organizada".

Su propósito final era "conseguir la independencia de Cataluña, empleando para ello la violencia en su máxima expresión, forzando con ello, de modo coercitivo, a las instituciones a conceder por la vía de los hechos la separación de Cataluña del resto de España".

Según el relato del Ministerio Público, como miembros del ERT los acusados "participaron en la creación y desarrollo" de los Cecor (centros de coordinación) constituidos para dar cauce a las acciones de los CDR, asumiendo el encargo recibido de un denominado "CNI Catalán" de aportar la infraestructura logística necesaria "con el objeto de acometer una acción en la que se pretendía ocupar el Parlament de Cataluña".

Reparto de roles

El fiscal sitúa a Ferran Jolis, perteneciente al CDR de Santa Perpetua de la Mogoda, como "el iniciador del ERT" a principios de 2018. De Eduardo Garzón dice que "ejercía un papel fundamental de dirección, coordinación, dinamización y planificación de las actividades del grupo". En cuanto a Esther García Canet, sostiene que "su figura es un referente o enlace de coordinación entre los diferentes grupos e individuos que tendrían el cometido de llevar a cabo acciones subversivas de alto nivel". De hecho, la considera la "creadora" del grupo en torno a lo que los acusados llamaban la "Batcueva", para la "fabricación y elaboración de las sustancias explosivas e incendiarias" que se desarrollaban en el domicilio de otro de los acusados, Alexis Codina.

Al igual que García Canet, la Fiscalía mantiene que Sonia Pascual conocía la existencia del laboratorio clandestino para la fabricación de explosivos y la sitúa, además, en diversos "actos de violencia radical independentista", como la ocupación del aeropuerto del Prat.

En cuanto a Xavier Buigas, le asigna un "papel relevante y fundamental dentro de la organización terrorista", al ser supuestamene la persona que recibió del denominado "CNI catalán" el encargo de preparar la logística necesaria con el objeto de ocupar el Parlament.

De Queralt Casoliva asegura que asumía funciones de coordinación, detectándose su presencia al menos en dos ocasiones en agosto de 2019 en el domicilio de Alexis Codina en Sant Fost de Campsentelleses "durante el período en el que se estaban realizando las actividades de elaboración de sustancias explosivas".

Germinal Tomas, según el fiscal, se encuadraba "en las funciones encaminadas a la confección de sustancias incendiarias, deflagrantes y explosivas" (junto a Jordi Ros y Codina), así como en la obtención de informaciones relativas a posibles objetivos". Y recuerda que el Grupo Especial en Desactivación de Explosivos (GEDEX) constató la "ejecución de pruebas de campo en la zona ajardinada de la casa de Alexis Codina", en cuyo jardín los agentes hallaron "improntas de quemado de sustancias químicas". Además de manipular la termita, un agente incendiario, "realizaban experimentos para la síntesis de otro tipo de sustancias incendiarias o explosivas, así como pruebas de lanzamiento de artefactos o de ignición de la propia termita". A Germinal Tomas se le incautó en un dispositivo informático un archivo que contenía un enlace a un documento denominado "Terrorismo casero", un compendio de dos obras de referencia en el mundo terrorista y anarquista.

Laboratorio clandestino de explosivos

A Alexis Codina lo describe como "de marcado activismo radical", pues incluso antes de integrarse en el CDR de Mollet del Vallés habría participado "en actos violentos del independentismo radical catalán, como los destrozos causados a la fachada de la sede del PSOE en mayo de 2019". Además de su "odio inmenso" a las Fuerzas de Seguridad, el fiscal reseña que su "actitud radical" le llevaba a "ofrecerse siempre para llevar a cabo las acciones más radicales que se pretendan ejecutar", al margen de su "papel fundamental" en la elaboración y fabricación de sustancias explosivas.

Los acusados -señala- acudían a la vivienda de Codina "de manera continua hasta su detención", habitualmente en horas nocturnas y adoptando siempre importantes medidas de seguridad, habiéndose detectado en el domicilio "potentes destellos seguidos de grandes humaredas". Según los manuales de los que disponía, las anotaciones manuscritas y los reactivos y precursores incautados, la Fiscalía concluye que lo que se pretendía era "la síntesis o fabricación casera de explosivos, sustancias incendiarias fundentes y deflagrantes".

De Jordi Ros destaca su "marcado activismo radical" y su "profusa actividad en la búsqueda de conocimientos y adquisición de productos relacionados con las actividades de elaboración y fabricación de sustancias explosivas e incendiarias", lo que le permitió "elaborar de manera efectiva tanto el compuesto termita como otros productos o precursores de explosivos". Asimismo, añade, participó en la búsqueda y planificación de objetivos.

Xavier Duch tiene, dice la Fiscalía, un "papel fundamental" en el ERT mediante su "participación en las acciones más sensibles del grupo", asumiendo "un papel relevante" en materia de comunicaciones y seguridad de las mismas.

Otro de los acusados, Ferran Jolis, era el "referente informático y tecnológico" en el seno del ERT y los CDR dada su "profusa formación en el campo de la seguridad informática" que puso al servicio de la organización para asegurar la confidencialidad de sus comunicaciones.

De David Budria dice que fue uno de los miembros más activos en el terreno operativo, pues como le manifestó a Xavier Duch en una conversación intervenida en febrero de 2019, "él cuando va de soldado, va a cumplir órdenes". En cuanto a su pareja, Clara Borrero, el fiscal mantiene que hay constancia de su participación "activa" en la ejecución de las actividades "como militante de la organización desarticulada", constatándose su presencia "en los lugares donde se llevaban a cabo actos de violencia radical independentista".

De Rafael Joaquín Delgado, por último, la Fiscalía dice que estaba integrado en la supuesta célula dedicada a la elaboración de sustancias explosivas en el domicilio de Alexis Codina.

Detenidos en 2019 en la "operación Judas"

El pasado día 3, la Sala de lo Penal dictó el auto de conclusión del sumario y abrió juicio oral contra los doce procesados que fueron detenidos a septiembre de 2019 en el marco de la "operación Judas" y a quien la Fiscalía sitúa en el denominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), la rama más radical de los CDR que supuestamente estuvo detrás de la violencia callejera en respuesta a la sentencia del "procés" con la independencia de Cataluña como objetivo.

El juez Manuel García Castellón cerró en abril por segunda vez el sumario -que tuvo que reabrir hace un año a instancias de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal tras quejarse uno de los procesados de que la existencia de unas diligencias secretas de 2018, embrión de la investigación, le había generado indefensión.

Según puso de relieve la investigación judicial, los acusados pertenecían a "un grupo clandestino" de los CDR supuestamente responsable de "la violencia en su máxima expresión" a la que recurrieron para forzar a las instituciones a "conceder por la vía de los hechos la separación de Cataluña del resto de España", utilizando para ello "explosivos o sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos" instalados en el domicilio de dos de los procesados.

A Ferrán Jolis se le considera "el iniciador" del ERT en julio de 2019, que se habría gestado en una reunión celebrada en Montcada i Reixach (Barcelona) "entre fuertes medidas de seguridad" a la que asistieron, entre otros, Eduard Garzón, Jordi Ros, Esther García Canet y Sonia Pascual. Era, según García Castellón, "el punto de encuentro de diferentes células que estarían llevando a cabo actividades de fabricación y elaboración de sustancias explosivas e incendiarias".

Además del asalto del aeropuerto del Prat, los CDR protagonizaron cortes de autopistas, ocupación de edificios simbólicos, el vertido de aceite en la calzada de la C-55 por donde debía transitar el 1 de febrero de 2019 la comitiva policial que trasladaba a los líderes independentistas del "procés" desde la cárcel de Lledoners, el levantamiento de las barreras de los peajes o los actos de protesta por la celebración en Barcelona del Consejo de Ministros el 21 de diciembre de 2018.