La Fiscalía pide el archivo de la investigación a cuatro exjefes de ETA por el asesinato de Miguel Ángel Blanco

La Fiscalía ha solicitado a la Audiencia Nacional que archive la investigación contra cuatro exjefes de ETA por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, al considerar que los hechos han prescrito. Una posición a la que se han opuesto el resto de acusaciones en la vista celebrada ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal para resolver los recursos presentados por las defensas de Mikel Albisu, "Mikel Antza"; María Soledad Iparraguirre, "Anboto"; e Ignacio de Gracia Arregui, "Iñaki de Rentería" contra su procesamiento (junto al también antiguo responsable de ETA José Javier Arizcuren Ruiz, "Kantauri"), que han insistido que los hechos han prescrito y que al extinguirse toda responsabilidad penal la causa está abocada al sobreseimiento.

Según fuentes jurídicas, el fiscal Carlos García-Berro ha expuesto que, aunque se trate de una medida "impopular", el Ministerio Público quiere que "prevalezca el Estado de derecho" para evitar, ha recordado, que suceda como ocurrió con la "doctrina Parot", que tumbó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya se posicionó a favor del archivo por prescripción, pero posteriormente la Sala descartó en febrero del pasado año la petición de archivo impulsada por la defensa de "Iñaki de Rentería".

En consecuencia, el pasado junio el juez Manuel García Castellón (que se acaba de jubilar) acordó que no procedía la prescripción de la causa y recalcaba que, en todo caso, esta cuestión debía "reproducirse en el momento del juicio oral" en el trámite de cuestiones previas.

Tanto el PP como Dignidad y Justicia, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), la hermana del edil asesinato, Marimar Blanco (que ejerce la acusación particular) como la Fundación Villacisneros se opusieron a la petición de los exdirigentes etarras, que sí respaldó la Fiscalía de la Audiencia Nacional al entender que su posible responsabilidad penal ya ha prescrito.

Fuentes de Dignidad y Justicia hacen hincapié en que el artículo 2.2 del Convenio Europeo de Imprescriptibilidad indica que la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad se aplicará a todos los delitos que en el momento en que cada estado incorpore esta norma "estén aún sin prescribir". Dado que en España entró en vigor con la reforma penal de 2010, subrayan, "todos los delitos que en ese momento estuviesen aún no prescritos pasarían automáticamente a ser considerados imprescriptibles". Es decir, afectaría a todos los delitos posteriores a 1990 puesto que el plazo de prescripción era de veinte años. "Esperamos que la resolución sea, como mínimo, en la línea del anterior auto de la sala, que dijo que el tema de la imprescriptibilidad debería verse en la vista oral", aseguran esas mismas fuentes.

Para el presidente de DyJ, Daniel Portero, la posición de la Fiscalía es "deleznable" y "repugnante" y "nunca vista por parte del Ministerio Público" al "alinearse con ETA", denuncia.

El instructor puso de relieve en sus resoluciones que la "fuerte jerarquía reinante en ETA, en la que imperaba la disciplina y la organización" conllevaba necesariamente que las órdenes siguiesen dentro de la organización criminal "una cadena de mando" vertical y "militar" que iba desde el comité ejecutivo a los miembros de los "comandos" para ser cumplidas. Según García Castellón, eso implicaba que la cúpula etarra tuvo en sus manos la posibilidad de haber evitado el asesinato del concejal del PP en Ermua por su "suficiente capacidad de mando y de decisión sobre la actividad terrorista de la organización".