La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares del "caso Koldo" han pedido al magistrado del Tribunal Supremo (TS) Leopoldo Puente que acuerde la prisión provisional de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE por su supuesta implicación en el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas.

Según fuentes jurídicas, Anticorrupción ha reclamado la adopción de la medida cautelar por el alto riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas, teniendo en cuenta además la gravedad de los delitos imputados -integración en organización criminal, tráfico de influencias y cohecho- y de las penas que llevan aparejados.

El fiscal jefe de Anticorrupción ha justificado la petición de prisión incomunicada y sin fianza en que los indicios contra Santos Cerdán son "evidentes" y llevan aparejados penas superiores a los dos años de cárcel. La Fiscalía ha puesto de manifiesto al solicitar la celebración de la vistilla que el exdirigente socialista sería el líder de la supuesta organización criminal que habría puesto en marcha en Navarra a partir de 2015 junto a Koldo García y que luego continuó en Madrid sumando a ese tándem a Ábalos.

"Enorme carga incriminatoria"

Según ha puesto de relieve Alejandro Luzón, Santos Cerdán "llevó la corrupción" al Ministerio de Transportes de Ábalos, destacando que algunos de los mensajes intercambiados con Koldo García -correspondientes a las grabaciones que efectuó el entonces asesor de Ábalos entre 2018 y 2023- tienen "una enorme carga incriminatoria" y resultán "explícitos" y "expresivos" de esa supuesta trama de corrupción en la que la Fiscalía atribuye a Santos Cerdán un papel "decisivo".

La Fiscalía ha calificado de "pobres" y "sesgadas", según fuentes jurídicas, las "victimistas" explicaciones del exdirigente del PSOE, esgrimiendo una "ofensiva insinuación" de que está siendo investigado "por formar parte de un Gobierno progresista".

Así las cosas, el representante del Ministerio Público ha puesto sobre la mesa la existencia de un "riesgo racional" de fuga, recordando que las comisiones cobradas en este tipo de causas de corrupción política "suelen ser muy cuantiosas". Como supuesto jefe de una argumentación criminal, ha argumentado, consiguió penetrar en el ministerio "con más presupuesto del Gobierno" gracias a Koldo y Ábalos "para quebrantar en su beneficio y en el de terceros" el interés público con el amaño de obras públicas, "encareciendo las obras y dañando las instituciones democráticas".

Riesgo de que presione a testigos e investigados

De seguir en libertad, el fiscal ha avisado además del riesgo de destrucción de pruebas y que pueda condiciones a testigos y al resto de investigados, por lo que ha considerado "imprescindible" acordar su prisión provisional.

Por su parte, la acción popular, a excepción de Adade, ha respaldado la petición de prisión de la Fiscalía y ha reclamado al juez que le impute además un delito fiscal para evitar el riesgo de prescripción.

Las acusaciones ya solicitaron la pasada semana el ingreso en prisión provisional del exministro de Transportes José Luis Ábalos y de quien fuera su asesor, Koldo García, pero el instructor desestimó la medida y, con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, optó por mantener las medidas cautelares en vigor desde su declaración del pasado diciembre: la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España sin permiso judicial y la obligación de comparecer cada 15 días en un juzgado.

El juez descartó enviar a prisión a Ábalos y Koldo

En este caso, aunque el juez admitió el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) -dejando al descubierto los audios grabados por Koldo García de sus conversaciones con Santos Cerdán y el propio Ábalos- arrojaba "indicios muy consistentes" de que ambos "podrían haber obtenido ilícitos rendimientos económicos a cambio de la indebida adjudicación de obras públicas", el instructor descartó enviarlos a prisión.

El magistrado del Tribunal Supremo no apreció "riesgo alguno" de que Ábalos y Koldo García puedan cometer nuevos hechos delictivos ni de que puedan sustraerse a la acción de la Justicia. Y aunque precisaba que esa posibilidad no es "nunca enteramente descartable", defendía que hasta el momento se puede minimizar "con medidas menos restrictivas".

Puente tampoco advirtió "un peligro fundado y concreto" de que pudiesen "ocultar, destruir o alterar medios relevantes de prueba", y más teniendo en cuenta -matizaba- "la batería de diligencias de investigación" que ya se han acordado "y el prolijo resultado de las mismas". De ahí que descartara enviar a ambos a prisión y se decantara por mantener las medidas ya acordadas en su día.