La Fiscalía recurre el registro de la UCO en el despacho de García Ortiz

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha interpuesto un recurso de apelación este martes contra la orden dictada a la Unidad Central Operativa (UCO) por el magistrado que investiga en el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para proceder al registro de su despacho, según confirman fuentes del Ministerio Público a LA RAZÓN.

La que es su "número dos" en la Fiscalía General del Estado ha emprendido así acciones legales contra esta decisión del juez de la Sala de lo Penal Ángel Hurtado que le imputó y ahora investiga, bajo secreto de sumario, si incurrió en un delito de revelación de secretos en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso.

La UCO se presentó el pasado miércoles en la sede del organismo de la madrileña calle Fortuny para incautarse, por mandato judicial del alto tribunal, de los dispositivos electrónicos de García Ortiz y de los correos que desde el pasado 8 de marzo envió y recibió en su cuenta de correo electrónico oficial.

En el auto también se incluyen "otros documentos y demás efectos que pudieran tener relación con un delito de revelación de secretos". Esta actuación policial duró prácticamente todo el día, desde las 10:00 horas de la mañana hasta altas horas de la noche.

El recurso también afecta a la entrada y registro que se produjo en la Fiscalía Provincial de Madrid, situada en la calle Santiago de Compostela de la capital. La fiscal jefe de la provincia de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, es la otra investigada en esta causa ya que el comunicado salió del órgano que dirige, pese a que el propio fiscal general asumió la "responsabilidad última" de esta acción.

El objeto de estas diligencias fue esclarecer a través del cruce de mensajes entre el propio fiscal y la Fiscalía Provincial de Madrid como paso previo a la publicación de la nota que detallaba las negociaciones que mantenían la defensa del empresario Alberto González Amador y el propio Ministerio Fiscal madrileño.

El fiscal de delitos económicos Julián Salto mantuvo conversación para cerrar un acuerdo de conformidad en el que la pareja de la presidenta madrileña reconocería el fraude fiscal, concretamente haber defraudado a la Agencia Tributaria 350.000 en dos años a través del Impuesto de Sociedades, a cambio de evitar una pena de cárcel.

El pasado 16 de octubre fue cuando el alto tribunal, donde está aforado, inició la investigación en su contra al apreciar indicios de que con esa actuación habría podido ocasionar un "perjuicio al derecho de defensa" del novio de Ayuso.