El fleco de los 'ERE' que afecta al marido de Gámez se une a la corrupción del 'caso cuarteles' y a 'Mediador'

La dimisión de la directora de la Guardia Civil, María Gámez, ha sido una sorpresa en el cuerpo. El motivo que ha alegado ha sido que su marido Juan Carlos Martínez se ha visto implicado en un fleco de los «ERE» que investiga cómo miles de euros en ayudas públicas de la Junta de Andalucía bajo el gobierno socialista terminaron en una empresa relacionada con su familia.

La decisión de imputar a Martínez del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, en un escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se basa en que éste puede tener relación con una de las mercantiles beneficiarias de estas ayudas presuntamente irregulares. Los delitos que están bajo el foco son prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos. Los préstamos procedían de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) e iban hacia la compañía que está bajo la lupa llamada Experience Managment Group S.L. que se constituyó el 4 de septiembre de 2009 y se disolvió en 2011. Son precisamente esos los años que están siendo escrutados y años en los que todavía Gámez formaba parte de la Junta. Por eso no sería descabellado que el asunto pueda terminar analizando la actuación de la ya exdirectora de la Benemérita.

Esta pieza conocida como 'caso Santana' afecta, además, a los cuñados de Gámez. El administrador principal de la empresa bajo el foco era Bienvenido Martínez, hermano del marido de la andaluza, e investigado en este caso desde el principio.

La mercantil Experience Management Group fue contratada por la Junta de Andalucía para la gestión del centro de negocios de empresa de esa comunidad en Madrid. En esta ramificación de los «ERE» los investigadores creen que los fondos se inyectaron desde la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (de la que dependía IDEA) a la mencionada mercantil «de manera directa, sin ningún tipo de licitación pública, negociada o de selección de posibles contratistas».

Según los documentos de la causa «la contratación habría sido realizada sin justificación administrativa o económica». Además, Bienvenido Martínez, que desempeñó cargos en la Agencia IDEA, se encontraría «en situación de incompatibilidad para la prestación de los servicios contratados con su empresa». Y «ante la posibilidad» de que tanto Juan Carlos Martínez como un tercer hermano «pudieran haber tenido algún tipo de participación material en los hechos delictivos objeto de las actuaciones, cuya relevancia penal pudiera deducirse del conjunto de lo actuado» el juez considera «pertinente que, para la mejor salvaguarda de sus derechos constitucionales» los dos sean llamados a declarar como investigados. Antes de poner fecha, eso sí, solicita unos informes a la Agencia Tributaria.

En las diligencias aparece también el grupo Santana (que da nombre al caso), un fabricante de coches que la Junta de Andalucía compró y asumió su gestión a través de la Agencia IDEA. Bienvenido Martínez fue directivo en el grupo dos años y, según los investigadores, en ese periodo se desviaron 339.701 euros de ayudas públicas a su propia empresa Experiencie Managment. La Policía cree que faltan facturas, que se han duplicado cantidades, que hay importes desproporcionados e, incluso, que se han falsificado algunas.

Lo cierto es que Juan Carlos Martínez lleva salpicado por este caso desde que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) -que es la unidad policial a cargo- apuntó ya en 2021 al «lucro injusto» que el marido de Gámez habría tenido en la empresa que gestionaba con sus hermanos y el escrito de imputación es del pasado día 16 de marzo. Por ello, las fuentes consultadas en la investigación muestran dudas sobre si detrás de la dimisión de la directora de la Guardia Civil pueda haber más razones.

Como telón de fondo han precedido semanas en las que varios sumarios han destapado tramas de corrupción en el cuerpo. Primero, el «caso Mediador» que ha terminado con el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas en prisión provisional acusado de formar parte de una red que facilitaba contratos a empresarios a cambio de cenas, fiestas y comisiones ilegales. Después, el «caso cuarteles» cuyo sumario avanzó este periódico y que implica al teniente general Pedro Vázquez Jarava y a un teniente coronel en Ávila, Carlos Alonso, que daban contratos a dedo a un empresario canario conocido como «Mon» quien no terminaba las obras.