Francisco Oya: el profesor al que obligó a retirarse el acoso independentista

Francisco Oya ejerció como profesor de historia 35 años de su vida en la educación pública catalana. Pasó por siete institutos, pero su último destino nunca lo olvidará por las situaciones de acoso laboral y persecución ideológica que sufrió a manos de la dirección y que acabaron obligándole a retirarse antes de lo que tenía previsto.

En el curso 2017/2018 este docente entró a trabajar en el instituto Joan Bosca del barrio barcelonés de Pedralbes. Cuando se presentó en el centro el día 1 de septiembre para tomar posesión de su plaza, recuerda, ya le tenían preparado el recibimiento. Días antes un antiguo compañero suyo, cuya mujer impartía clase allí, le había puesto en sobre aviso sobre las palabras que le había dedicado la junta directiva al tratar su llegada. Le tacharon en aquella reunión de “fascista” y se mostraron sorprendidos por “quién nos han metido aquí”.

Él está seguro de que se debe a su condición de presidente de la asociación de profesor por el bilingüismo, que lleva funcionando desde 1998, pero también por los numerosos artículos que ha firmado en prensa analizando la inmersión lingüística catalana, sin ocultar su crítica posición con una consejería de Educación de la Generalitat a la que, aún hoy en día, acusa de ejercer adoctrinamiento ideológico sobre los alumnos.

Traspasó las puertas del instituto en aquel primer día y se dirigió al despacho del entonces director, Ignacio García de la Barrera. Le esperaba junto a una señora que no se presentó -más tarde resultó ser la coordinadora pedagógica, Maite C. S.- y solamente le dedicaron “molt bé” a su presencia. Ni una pregunta sobre su trayectoria, ni enseñarle las instalaciones.

Este veterano profesor salió de allí sin darle mayor importancia, ya era consciente de que el ambiente iba a ser hostil, pero confiaba en que la profesionalidad se impondría. “Yo intento no pelearme por cuestiones de politiqueo o ideológicas, voy a hacer mi trabajo y ya está, espero de los demás lo mismo”, explica.

Días más tarde, cuando el directo se enteró de que iba a ser él, por trayectoria e interés, el que iba a impartir la asignatura de Historia en el último curso de Bachillerato, pronunció, ante él, un “oh” lamentador con el que “sin disimular” expresó la poca gracia que le hacía que fuera Francisco el encargado de la materia. Él, como tantas otras veces, calló, quitándole merecimiento al asunto.

Al haberse incorporado con el nuevo curso, los manuales a emplear para impartir la asignatura ya habían sido designados por el departamento. Estos eran de la editorial Teide y sus autores eran, entre otros, Agustí Alcoberro, exvicepresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), la organización que por excelencia realiza activismo por la independencia de Cataluña.

Como ejemplo de las “falsedades” históricas que en estos manuales introducen literalmente, explica Oya, recoge que Cataluña fue un Estado desde el siglo X hasta el XVIII con la Guerra de Sucesión, y que España la invadió y se la anexionó. Cuando realmente, expone este historiador, la propia denominación de Cataluña no existió hasta el siglo XII porque los territorios de la región estaban integrando como condados en la corona de Aragón hasta que fue absorbido el condado de Barcelona por la corona de Aragón. “Son delirios de estos pseudohistoriadores catalanistas. Jamás existió una Cataluña independiente”, defiende, sin poder ocultar el lamento.

Para contrarrestar el “infumable” libro de texto, entregaba a los alumnos otro material o veían trozos de documentales y películas históricas, algo que considera “normal” en cualquier centro al gozar de la libertad de cátedra todos los docentes.

La situación estalló después de que hubiese entregado, al abordar el catalanismo político, unos textos para comentar en los que personalidades históricas del movimiento, como Pompeyo Gener, calificaban directamente a los catalanes como una raza aria y a todo aquel que procediese del Ebro para debajo de raza semítica, para reivindicar que no tenían que soportar la preponderancia de razas inferiores del todo el resto del país.

Le expedientaron entre acusaciones de «machista» por ejercer la libertad de cátedra en sus clases

El director del Joan Bosca le llamó a su despacho para preguntarle, rodeado del equipo directivo, si este dossier didáctico era suyo. Francisco dijo que sí y éste le contestó que le “parecía muy mal porque hacía quedar mal a los nacionalistas catalanes”. La respuesta del director del centro fue una amenaza, relata rebuscando en la memoria: “Te prohíbo dar a partir de ahora ningún tipo de material y tienes que ceñirte al manual”.

Tras dar un puñetazo en la mesa, del que él mismo se considera arrepentido, le dejó claro que “por muy director que fuera, existiendo la libertad de cátedra” iba a continuar dando a sus alumnos los materiales que considerase ya que sus clases “no son para dejar mal o bien a nadie, se tratan de dar historia”.

El cruce de altas palabras acabó con la advertencia de que se iba a dar parte a la inspección de Educación por parte del que era su superior. Y así fue. Pocas semanas después una inspectora acudió a una de sus clases para hacerle lo que técnicamente se conoce como observación de aula. Se pasó toda la hora, cuenta este profesor, paseando por el aula y llamándole la atención sobre algún alumno que tenía alguna pregunta. Se vio obligado, explica, a aclararle delante de todos que era él el que daba la clase. Francisco Oya denuncian que de aquella visita apareció un “delirante” informe en el que se le acusaba de no atender y dar menos respuesta a preguntas formuladas por alumnas chicas por “discriminación de género”.

Al cabo de quince días, le fue notificada la incoación de un expediente por parte de laa autoridades educativas autonómicas en el que se reflejaba que era “machista, racista y ultraderechista”, citando como única prueba el citado informe de la inspectora. También se le acusaba de llegar tarde sistemáticamente a las clases que tenía que impartir. El docente y su defensa pidieron que se demostrase tal imputación a través de la hoja de guardia del instituto que registra retrasos y ausencias en las que pudieran incurrir los profesores. La instructora del expediente se lo negó alegando que no presentaba importancia.

Al final, acabaron sancionándole igualmente por todo ello con una suspensión de 10 meses de empleo y sueldo, que el recurrió en el contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al considerar que el expediente se basó en pruebas falsas y que detrás había persecución ideológica y acoso laboral.

El TSJC le acabó dando la razón por los defectos de forma en los que incurrió la consejería de Educación al aplicar el castigo, haciéndolo efectivo fuera del plazo establecido. La Generalitat recurrió y hoy, seis años después, sigue a la espera de que le confirmen la sentencia que le dio la razón.

Se acabó jubilando antes de lo que él siempre tuvo previsto porque la situación se volvió, afirma Oya, “demencial” hasta el punto de que tuvo que coger la baja por problemas cardíacos y depresión. Denuncia que a su vuelta de la sanción fue víctima de pancartas en las que se leía “fuera fascistas de nuestras aulas” o “hoy hacemos huelga contra Francisco Oya” por parte de alumnos que eran manifiestamente miembros de Arran, la sección juvenil de la CUP, la izquierda radical, anticapitalista e independentista catalana.

De algunos otros profesores, sin embargo, confiesa que le hicieron llegar manifestaciones de solidaridad discretas en privado. Dijo finalmente adiós a la que había sido su vida, la enseñanza, en 2019, ante lo “insostenible” de lo que estaba viviendo prácticamente a diario en su centro de trabajo.

Ahora, el pasado abril, presentó una denuncia por la vía penal contra el director, dos inspectores de Educación, dos tutores de los grupos de segundo de bachillerato en los que impartía clase y la coordinadora pedagógica del centro. Quiere que se haga justicia para que nadie tenga que sufrir lo que él vivió en su última etapa profesional. Francisco Oya, de 66 años, les acusa de delitos continuados de acoso laboral, coacciones para impedir el ejercicio de derechos fundamentales, contra el honor, prevaricación y falsedad de documento público, entre otros cargos.