Las grabaciones de conversaciones por parte de Koldo García que han puesto contra las cuerdas a Pedro Sánchez tiene una fecha marcada en rojo en el calendario. El 18 de noviembre de 2020, en plena pandemia, cuando la supuesta trama derivó el cobro de comisiones de los proyectos de infraestructuras a las adjudicaciones de material sanitario según la Unidad Central Operativa (UCO), el entonces asesor de José Luis Ábalos tuvo una frenética actividad que le llevó a grabar nada menos que doce horas de conversaciones en un solo día.

Es, de largo, el audio de mayor duración de los que ha analizado la Guardia Civil, para la que Koldo decidió registrar todos esos audios como «garantía» ante «eventuales desavenencias con sus interlocutores» (entre los que destacaban el ministro Ábalos y Santos Cerdán, ya entonces secretario de Coordinación Territorial del PSOE) consciente de «la sensibilidad de los temas tratados».

Ese frenético 18 de noviembre, señala la UCO en su informe, Koldo grabó «durante doce horas todas sus interacciones, incluyendo conversaciones relativas a la adjudicación de obra pública».

Unas conversaciones en las que, por ejemplo, Koldo García advirtió a Ábalos de que Santos Cerdán «estaría desatendiendo los pagos derivados de determinadas adjudicaciones». Haciendo referencia, aclara la unidad policial, a que según el asesor ministerial a José Luis Ábalos se le «debían» 350.000 euros de las licitaciones de «San Feliu y El Mayor».

"Podría levantar sospechas"

Pero ese día, Koldo también mantuvo conversaciones «para el favorecimiento» de la constructora LIC (una de las empresas que según la investigación resultó beneficiada por adjudicaciones y que habría tenido en nómina al propio Koldo) con el empresario José Ruz, con el entonces director general de Carreteras Javier Herrero (cuyo nombramiento propuso a Ábalos Santos Cerdán) y con la en esas fechas presidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera, imputada en el «caso Koldo» por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.

Fue Ruz, según ese informe, quien solicitó a Koldo que le incluyeran en los pliegos del «by-pass de Valencia», a lo que el en esas fechas asesor ministerial contestó que ese asunto «ya estaba enviado y sería complicado incluirle». Pero el empresario matizó entonces que se refería «a introducirle en una UTE» (Unión Temporal de Empresas que se postulan juntas para optar a una adjudicación pública). Para la UCO, resulta «reseñable» que un asesor del Ministro de Transportes «tuviera capacidad para determinar las empresas que conformaban UTE para licitar obras de dominio público».

En la conversación con Pardo de Vera, el asesor del ministro de Transportes pidió a la presidenta de ADIF –pone de relieve la UCO– «que se le adjudicase alguna obra a LIC». En particular, Koldo preguntó «por la posibilidad de que le fuera adjudicado algún expediente de emergencia», a lo que Pardo de Vera contestó que «le habían dado uno hace poco y darle otro en tan poco tiempo podría levantar sospecha». Pero pese a esos reparos, solo un mes después ADIF adjudicó a LIC un expediente de emergencia por 592.053 euros «para la estabilización de los taludes de las trincheras» en la línea férrea Gijón-Pravia, en Asturias.