El PP fuerza al PSOE a posicionarse en el Congreso sobre el "cupo catalán" que quiere Esquerra

El Govern de Pere Aragonès se ha descolgado esta semana con una propuesta de financiación singular para Cataluña que consiste en que la Generalitat recaude todos los impuestos que se pagan en la autonomía (estiman que 52.000 millones de euros) y luego transfiera un "cupo" para pagar los servicios que el Estado presta en el territorio y un fondo de solidaridad (equilibrio territorial). La propuesta de la Generalitat, como es lógico, ha generado un gran terremoto político porque el resto de autonomías se han ido posicionando en contra ya que lo consideran un agravio, mientras el Gobierno del PSOE ha evitado adoptar una posición meridiana por el momento: la propia María Jesús Montero ha eludido hablar claro sobre el tema y marcar una postura por temor a descontentar a Esquerra.

En todo caso, el PSOE tiene una oportunidad para posicionarse con claridad sobre el tema en el próximo Pleno del Congreso del 9-11 de abril ya que se debatirá y votará una iniciativa del PP que trata el "cupo catalán". En concreto, esa iniciativa tiene forma de moción (no es vinculante, pero sirve para ver cómo se posicionan los partidos en torno a temas importantes) e incluye un punto sobre el "cupo catalán" que dice lo siguiente: "Rechazar la propuesta de autonomía fiscal y financiera planteada por los independentistas, así como cualquier iniciativa que vaya en contra de los principios de solidaridad, lealtad institucional y colaboración entre comunidades autónomas, fundamento del modelo territorial diseñado en la Constitución Española".

Ese es uno de los cinco puntos de la moción y se deberá debatir y votar en el Pleno, por lo que ahí se podrá recoger cuál es la postura del PSOE. Los otros cuatro puntos de la moción, que también se votarán, también están vinculados con las relaciones del Gobierno con los independentistas: el primero solicita la retirada de la ley de amnistía; el segundo pide cumplir con el dictamen del Parlamento Europeo del pasado 19 de marzo sobre el modelo lingüístico en Cataluña; el tercero exige respetar las actuaciones judiciales relacionadas con el "procés"; y, el cuarto pide comparecencias del Gobierno para rendir cuentas sobre qué está negociando con los partidos independentistas dentro y fuera de España.

El temor del Gobierno a descontentar a Esquerra es lo que alimenta las posibilidades de que acabe cediendo ante una cuestión tan impopular en el resto de España porque el "cupo" (transferir un dinero en función de los servicios que presta el Estado en Cataluña) siempre puede acabar sobrebeneficiando a Cataluña: de hecho, los independentistas quieren aprobar el "cupo" sobre la base de la creencia de que los catalanes pagan más impuestos de los servicios que acaban recibiendo del Estado y cifran esa diferencia en 22.000 millones de euros, aunque hay cálculos que reducen esa cifra a menos de 1.000 millones de euros. Es decir, el propio cálculo ya entraña muchas complejidades a la hora de valorar qué cantidades se deberían de quedar en Cataluña y cuáles no.

En este sentido, presidentes autonómicos de PP o PSOE han rechazado de plano la propuesta de financiación singular para Cataluña: Adrián Barbón (Asturias) o Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) han expresado su negativa de manera "nítida" y "rotunda" el "cupo catalán"; Juanma Moreno (Andalucía) o Isabel Díaz Ayuso (Comunidad de Madrid) también han rechazado de plano esa cesión a los independentistas. Pero no solo presidentes autonómicos, también líderes territoriales socialistas ya se han pronunciado en contra de la financiación singular para Cataluña, como el propio Juan Espadas.

El Govern de Esquerra ha lanzado la propuesta ante las elecciones del 12 de mayo, aunque la financiación autonómica se va a convertir esta legislatura en el Congreso en un importante tema. De hecho, en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja dan por hecho que esta legislatura la revisión del modelo será el principal asunto a abordar. Y cabe recordar que no solo es ERC quien reclama la recaudación del 100% de los impuestos: también es Junts, que en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez dejó constancia de esa reclamación. Por tanto, ambas formaciones independentistas pueden unir fuerzas para apretar al Gobierno.

En todo caso, el planteamiento del "cupo catalán" propuesto por el Govern de Aragonès es muy parecido al concierto vasco y, sobre todo, es muy parecido al pacto fiscal que reclamaba Artur Mas a Mariano Rajoy en 2012 y acabó derivando en el "procés". Por tanto, doce años después, parece que el Govern y el Gobierno, con protagonistas totalmente distintos, vuelven al punto de partida y es una incógnita saber cuál puede ser el desenlace. Si bien es cierto, el contexto es distinto porque en 2012 la crisis económica de 2008 todavía azotaba con fuerza a la economía española y a la catalana (Mas tuvo que hacer importantes recortes públicos, que le supusieron un duro desgaste).

La carpeta fiscal es muy recurrente entre los partidos independentistas y además de usarla para movilizar al electorado con un discurso victimista, en muchas ocasiones, también la utilizan para eximir su responsabilidad en la gestión de la Generalitat. En este sentido, en la última década ha quedado de manifiesto el desgobierno, con crecientes movilizaciones en el ámbito educativo y sanitario que también han ido desgastando al Govern de Esquerra, aunque la Generalitat ha sacado a pasear en numerosas ocasiones la falta de recursos por la financiación.

En este sentido, es muy posible que ERC utilice esta propuesta de financiación singular para tapar su mala gestión durante la campaña electoral: ante los ataques que recibirá por los tres últimos años de Govern, tendrá el arma del "cupo" para defenderse. Sobre todo frente a partidos como la CUP y los Comunes, con electorado frontera y que van a atacar y mucho por el flanco social.