La magistrada que investiga a tres mossos por encubrimiento en relación a la fuga de Carles Puigdemont el pasado agosto, tras su fugaz visita a Barcelona sorteando la orden de detención contra él, encara ya la recta final de la investigación. Así lo pone de manifiesto María Antonia Coscollola, titular del Juzgado de Instrucción número 24 de la ciudad condal en una resolución en la que rechaza reclamar a los Mossos –tal y como había solicitado la acusación popular que ejerce Hazte Oír– que identifiquen los números de teléfono de los investigados por si la magistrada autoriza el análisis de sus llamadas o mensajes entre ellos «o con algún número vinculado a Puigdemont».

También cierra la puerta a solicitar al Ayuntamiento de Barcelona los oficios remitidos a las Fuerzas de Seguridad del Estado o a «cualquier autoridad judicial» sobre las grabaciones que realizaron ese 8 de agosto las cámaras de seguridad municipales instaladas en el distrito de Ciutat Vella. Hazte Oír pretendía también que la instructora pidiese al Consistorio la ubicación de las cámaras, indicando cuáles estaban operativas y cuáles no y por qué motivo.

Pero para la magistrada, se trata de una «petición genérica formulada de manera incierta» de la que no se deduce «ninguna finalidad lógica». En el auto en el que rechaza la medida –al que ha tenido acceso LA RAZÓN–, Coscollola sostiene que esa diligencia «supone dejar al margen, cuestionar o desdeñar la investigación preprocesal y policial llevada a cabo, que es la que ha permitido iniciar este procedimiento».

Cierra la puerta a una investigación "prospectiva"

La instructora señala que «no puede pretenderse una investigación prospectiva» en busca de «posibles indicios» contra los tres mossos investigados. Algo que, subraya, se encuentra «absolutamente vedada por la doctrina y jurisprudencia».

Según pone de relieve, los dos informes de los Mossos sobre el «diseño, planificación, ejecución y desarrollo» del dispositivo policial y en relación a cuestiones operativas para cumplir la orden del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de detener a Puigdemont durante su anunciada visita a Barcelona (con motivo de la sesión de investidura en el Parlament) «se entienden bastantes en este momento». De hecho, precisa que la investigación está «prácticamente concluida».

Sí accede, sin embargo, a la petición de Hazte Oír de que declaren dos agentes de la Policía catalana «para que se ratifiquen en su caso y declaren sobre los informes por ellos elaborados». Se trata de los dos mossos que firmaron los informes sobre el visionado de imágenes grabadas por cámaras de distintos establecimientos (aparcamientos y comercios) en la zona próxima al Arco del Triunfo, donde Puigdemont participó en un acto independentista antes de burlas a las Fuerzas de Seguridad y huir del lugar para regresar a Waterloo.

Los dos agentes autonómicos deberán comparecer, según se acuerda en una diligencia de ordenación del pasado día 16, el próximo 29 de septiembre, para lo que ya han sido citados a través de sus superiores jerárquicos por orden del juzgado.

En el juicio, si se celebra

Tampoco acepta el resto de diligencias solicitadas por la acusación popular, que no entiende necesarias ni «esenciales» para la investigación, «sin perjuicio de que para el caso de seguir el procedimiento adelante» –matiza– puedan pedirse las oportunas en el acto del juicio oral».

Hazte Oír también había solicitado a la magistrada que instara a los Mossos a identificar las diligencias abiertas en relación a los tres agentes investigados –Jordi Rodrigo, Xavier Manso y David Goicoechea– a raíz de su actuación el 8 de agosto de 2024. La acusación pretendía que se entregara al juzgado una copia íntegra del expediente, con grabaciones incluidas y los «vídeos íntegros» de los que se extrajeron los fotogramas que figuran en los informes de los Mossos.

Asimismo, la magistrada ha rechazado que la Policía catalana identifique a todos los agentes que ese día se encontraban en la denominada «zona restringida».

Del mismo modo, tampoco ve necesario citar como testigo a la propietaria de un Honda que figura en las imágenes grabadas junto al vehículo utilizado para la huida del expresident y que «aparece citado en numerosos informes», aunque finalmente se descartó su vinculación con los hechos.

El pasado mayo, cinco mossos declararon como testigos en relación a estos hechos. Los agentes no fueron capaces de identificar al instructor del expediente sancionador, que era quien les indicaba las tareas a realizar y que ellos –explicaron– se limitaban a llevar a cabo. Para las acusaciones su identificación es primordial para determinar si esos informes se abrieron para «cubrir el expediente» y sin intención de depurar posibles responsabilidades por el auxilio prestado a Puigdemont para eludir la detención.