Funcionarios de Justicia advierten a Bolaños de "movilizaciones" si no hay una oferta "inmediata" de subida salarial

Si el anticipo electoral dejó un frente sin cerrar en el Ministerio de Justicia de Pilar Llop ese fue el de la subida salarial que reclaman los funcionarios de la Administración de Justicia. Las negociaciones con los sindicatos se frenaron en seco el pasado mayo tras el anuncio de Pedro Sánchez, dejando en la estacada a 40.000 empleados públicos que esperan mejoras retributivas como las que, sucesivamente, han ido consiguiendo desde el pasado enero letrados judiciales, jueces y fiscales. Así que nada más conformarse el nuevo equipo en el ministerio, con Félix Bolaños al frente -hoy mismo se han confirmado los nombres de Manuel Olmedo como número dos de Justicia y de Sofía Puente, que se hace cargo de la secretaría general para la Innovación y Calidad del Servicio Público-, ya se empiezan a escuchar voces sindicales que exigen que se retomen esas negociaciones.

Quien más estira la cuerda es Comisiones Obreras (CC OO), que en un comunicado anuncia "movilizaciones" a mediados de diciembre si el nuevo secretario de Estado de Justicia no pone sobre la mesa "de forma inmediata" una oferta de mejora salarial. Más comedido se muestra el sindicato mayoritario en el sector, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que por ahora se limita a reclamar una "reunión urgente" con Olmedo "para retomar la negociación de la subida salarial" para obtener "una revisión de sus condiciones laborales, como ha ocurrido con jueces, fiscales y letrados". Sin embargo, fuentes de CSIF no plantean paros en este momento como los que protagonizaron los funcionarios durante dos meses y medio de huelgas con los consiguientes recortes en sus salarios por las horas dejadas de trabajar. "El punto en el que estamos es solicitar una reunión y retomar la negociación en el punto en el que se quedó el pasado verano", señalan.

Una postura muy alejada de CC OO, que considera innecesario dar "100 días de cortesía" al nuevo equipo de Bolaños, porque le supone "pleno conocedor de la problemática que originó el conflicto", dado que tanto Olmedo como Puente formaban parte de la cúpula de Justicia con Pilar Llop, el primero como secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público y la segunda al frente de la dirección general de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

"Clasismo insoportable"

Comisiones Obreras achaca a ese equipo de Llop su "falta de negociación" con los funcionarios y un "clasismo insoportable" por ser capaz de cerrar acuerdos de mejoras salariales "con las élites de la Justicia" mientras dejaba "tiradas a más de 40.000 personas, que son las que cada día batallan para sacar la Administración de Justicia adelante en condiciones muy difíciles".

CSIF pidió el pasado día 20 a Bolaños que retome de forma inmediata las negociaciones interrumpidas tras el anuncio de adelanto electoral con el objetivo de solucionar así "el conflicto que se mantiene abierto en la Administración de Justicia".

Además de esa subida salarial -en la línea de las obtenidas por letrados, jueces y fiscales, que oscila entre los 400 y 450 euros brutos al mes, una mejora que en el caso de la carrera judicial rechazó la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura-, CSIF reclama el "reconocimiento, redistribución y clarificación de funciones" para mejorar las condiciones laborales de los funcionarios.

Los empleados públicos comenzaron el pasado abril sus movilizaciones, que tras la convocatoria de paros puntuales fueron in crescendo con manifestaciones y concentraciones por toda España, lo que provocó la suspensión de millón y medio de juicios y mas de 15 millones de actuaciones judiciales. Ahora, la sombra de los paros se cierne de nuevo sobre la Administración de Justicia.