Los funcionarios de Justicia dudan de los “titubeos” del ministerio y la subida salarial aún no se concreta

Hay inquietud entre los funcionarios de Justicia, inmersos en las negociaciones con el ministerio que lidera el secretario Manuel Olmedo. La inseguridad que genera la “actitud titubeante” de la autoridad y la falta de claridad a la hora de dar una respuesta a las alegaciones que los sindicatos han presentado a lo largo del mes de enero han incrementado las dudas sobre si este proceso llegará a buen puerto. El ajuste salarial todavía sigue pendiente, según ha podido confirmar LA RAZÓN.

“El ministerio comunicó que la negociación salarial se trataría con Hacienda una vez que tuviéramos el documento del grupo de trabajo. No hay avance alguno”, confirma Javier Jordán de Urriés, presidente de CSIF Justicia, a este periódico. Se trata de la base de todo el proceso negociador, de la pieza clave. “Nosotros le hemos pedido en todas las reuniones que Hacienda se incorporara al grupo de trabajo para poder avanzar en esta cuestión que, para nosotros es capital, pues sin dinero no habrá acuerdo alguno y el documento de trabajo quedará como papel mojado”, asegura.

Hoy se celebrará una nueva reunión en formato online para aclarar, por ejemplo, cuáles son las implicaciones de lo que desde Justicia se ha denominado como puesto de trabajo deslocalizado, un concepto que salió a colación en la segunda reunión, cuando los representantes sindicales pusieron sobre la mesa la regulación del teletrabajo. Precisamente el trabajo a distancia es uno de los requisitos fundamentales para los sindicatos, después de la negociación salarial.

Los representantes reclaman más información sobre este nuevo puesto y su finalidad en el nuevo modelo organizativo para negociar las condiciones de trabajo, apuntan desde el segundo sindicato, STAJ.

Por todo ello, el sindicato mayoritario CSIF ha expresado su preocupación y queja ante los vaivenes de la negociación. Las expectativas, positivas en un comienzo, se han ido desinflando. Explican que justo cuando parecía que se iba a acordar una redacción final sobre el impacto en las funciones de los cuerpos generales y especiales, el martes 30 de enero el ministerio les remitió un documento con cuestiones sustanciales que no habían sido incluidas en los dos borradores anteriores relacionadas con la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO).

STAJ señala que el escrito contienecuestionesquedeben ajustarse "a la realidad" de los cuerpos generales y especiales que están insertos en esta transformación. Como consecuencia de este cambio de último minuto, todas las partes se han visto obligadas a ampliar el funcionamiento de los grupos de trabajo a una reunión más, el 7 de febrero.

También destacan los avances en un texto definitivo para regular el teletrabajo de manera adaptada a las características de cada ámbito competencial. El documento final estará listo en breve, señalaron en un comunicado.

Desde CSIF reafirman su compromiso con la negociación, pero dejan claro que este se sustenta en una subida salarial que es irrenunciable. También han rechazado que los encuentros para pactar un acuerdo se prolonguen “sine die”.

Subida salarial sin concretar

Los representantes de los funcionarios exigen un alza en los salarios para todo el personal de los cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia. También piden que se firme un solo acuerdo que integre los documentos en los que han estado trabajando a lo largo del mes de enero (estaba prevista la celebración de cinco reuniones, dos a la semana, pero ahora se van a prolongar en febrero).

El objetivo es tener un proceso ágil sobre dos aspectos: las leyes de eficiencia y la adaptación de funciones y, en segundo lugar, el teletrabajo. De este modo, preveían que con este acuerdo cerrado, se dirigirían a Hacienda a negociar las cantidades concretas de la subida salarial “en un plazo razonable”. También se habló de que, una vez solventado el conflicto salarial, se buscaría cerrar un acuerdo de legislatura sobre otros asuntos de interés para el personal de Justicia.

Todo esto fue propuesto por el Ministerio de Justicia. Y los sindicatos lo aceptaron, les pareció coherente y comenzó la negociación en enero. Hasta ahora, se ha trabajado en tres documentos. Dos se corresponden con los grupos de trabajo que se crearon el 10 de enero y un tercero que se configura como un anexo sobre los temas del acuerdo de legislatura, como la regulación básica de la carrera profesional, el Registro civil, los grupos de población, las guardias, los procesos selectivos y los concursos, entre otros.

Pero ahora la incertidumbre es la tónica, no hay nada cerrado y aún no hay fecha para acudir a Hacienda para negociar los montos del incremento salarial.