La agresión de contenido sexual a una funcionaria en el centro penitenciario de Sevilla II hace solo unos días ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los funcionarios de prisiones, que están dispuestos a movilizarse en defensa de sus condiciones laborales y de las promesas que, según denuncian, ha incumplido el Gobierno, al que atribuyen un "maltrato" a este colectivo.

Según pone de relieve en un comunicado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas va a impulsar en las próximas fechas una campaña de "medidas de presión" para forzar a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a poner en práctica "las medidas negociadas y pactadas a lo largo de los últimos meses para mejorar las condiciones laborales y la protección" de los funcionarios de prisiones.

El colectivo afirma sentirse "desamparado" por parte del Gobierno central mientras "sigue soportando agresiones en los centros penitenciarios", como la sufrido recientemente por una psicóloga en el centro Sevilla II de Morón de la Frontera. Se trata, recuerda, de la segunda agresión sexual en la misma prisión en apenas unos meses.

CSIF señala que tanto el Ministerio del Interior y como Instituciones Penitenciarias "se comprometieron en 2018 a dignificar esta institución y la labor de sus trabajadores", pese a lo cual "siete años después, mientras las agresiones por parte de los internos aumentan en número y gravedad, siguen sin ser reconocidos como agentes de autoridad y tampoco se han logrado otras mejoras significativas de sus condiciones laborales".

"Extrema preocupación"

En protesta por "el maltrato y las últimas agresiones que sufren los trabajadores", CSIF anuncia que este año tampoco asistirá a los actos organizados el próximo miércoles con motivo de la celebración del Día de Nuestra Señora de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias.

El pasado día 17, el colectivo sindical denunció la agresión de contenido sexual sufrida por una psicóloga del centro penitenciario de Sevilla II por parte de un interno "multi-reincidente con largo historial penitenciario condenado por delito de agresión sexual (entre otros) y con incidentes similares en prisión en 2024 y recientemente en julio de 2025".

Según recordó entonces, durante la entrevista con esta profesional el interno adoptó "una conducta inapropiada realizándose tocamientos en la zona genital en presencia de la misma", comprometiendo así "el normal desarrollo de la intervención terapéutica".

CSIF expresó su "más profundo rechazo" a lo sucedido y mostró su "extrema preocupación ante el empeoramiento de la situación de la prisión, donde se contabilizan hasta diez incidentes graves o muy graves catalogados de agresión sexual en lo que va de año, siendo además una tónica generalizada en el ámbito penitenciario". Hechos como este, se quejó, suponen "un atentado contra la dignidad y seguridad de todo el personal que trabaja en el sistema penitenciario".

Critica el "buenismo" de Instituciones Penitenciarias

Desde la central sindical se puso de relieve "la falta de respuestas adecuadas y eficaces ante la escalada de este tipo de agresiones en las prisiones", que atribuye al "buenismo" que, según su criterio, "practica la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias".

"Reafirmamos nuestro compromiso con la protección y el apoyo a todas las víctimas de violencia sexual, y exigimos la implementación urgente de protocolos de seguridad y prevención que garanticen ambientes laborales libres de violencia para todo el personal penitenciario -reclamaron- y su materialización en medios materiales y humanos que garanticen la seguridad" de todos los funcionarios.

El sindicato solicitó asimismo el traslado inmediato del preso a otro establecimiento "más adecuado" y exigió a la Administración penitenciaria "soluciones inmediatas y correctas" ante unos hechos "lamentablemente cada vez más frecuentes y graves". En esa línea, insiste en la necesidad de reconocer a los funcionarios de prisiones la condición de agentes de la autoridad, así como de ofrecerles "formación en distintas materias y unos medios actualizados acordes a la problemática y al perfil de la población reclusa".