García Ortiz activa la Junta de Fiscales ante las discrepancias sobre la amnistía con los fiscales del "procés"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dado el primer paso para que la cúpula fiscal se pronuncie sobre la controversia que mantiene con los fiscales del "próces", que se oponen a que la Ley de Amnistía se aplique al delito de malversación cometido por los líderes independentistas al financiar con dinero público el desafío soberanista.

El máximo representante de la Fiscalía ya asume que los fiscales del Tribunal Supremo Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno -encargados de la causa del "procés"- no dan su brazo a torcer e insisten en informar en contra de la aplicación de la polémica normativa a los condenados o procesados por este delito, entre ellos Oriol Junqueras y Carles Puigdemont. De ahí que, según confirman fuentes de la Fiscalía General del Estado, haya pedido ya a los fiscales de Sala que "en previsión de la activación de los mecanismos estatutarios" que incluye el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para dirimir estas controversias, "se reserven" el próximo martes "para la posible celebración de una Junta de Fiscales de Sala".

Pero para que esa Junta se celebre, García Ortiz tiene que ordenar antes a los cuatro fiscales que cambien el sentido de su informe, como finalmente sucederá, y que estos se nieguen a alterar su criterio y, por tanto, invoquen la vía del artículo 27 del EOMF.

Los fiscales del "procés" reiteraron en su último informe que al no aplicarse la amnistía a los condenados o procesados por malversación (aunque sí en el caso de los delitos de desobediencia y desórdenes públicos) tampoco puede alzarse las medidas cautelares -que la ley ordena dejar sin efecto de forma inmediata tras su entrada en vigor-, lo que mantendría en vigor la orden nacional de detención contra Puigdemont.

"Estimamos que su aplicación en lo que concierne al delito de malversación de fondos públicos es improcedente y contraria a las leyes por no ajustarse a los criterios más elementales de lógica jurídica y de legalidad penal exigibles en la interpretación y aplicación de la norma", defienden en su escrito. Según su criterio, la Ley de Amnistía sí es aplicable tanto a la secretaria general de ERC Marta Rovira y a la exconsellera Clara Ponsatí, que están procesadas únicamente por el delito de desobediencia como a los condenados por este delito, pero no a los fugados Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluis Puig ni a los ya condenados por malversación: Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa.

Los fiscales defienden que la malversación del "procés" es equiparable a la que se comete con enriquecimiento ilícito en la medida en que hubo una apropiación de fondos públicos para destinarlos a unos fines distintos a los legalmente establecidos. Y en todo caso, añaden, la ley tampoco sería aplicable a esta modalidad agravada del delito por afectar a los intereses financieros de la Unión Europea.

En ese informe, los fiscales del "procés" ya apuntaban la vía a seguir, pues trasladaban a García Ortiz que si no comparte su criterio tiene que ordenar "por escrito" y "de manera motivada y fundada" a defender su posición favorable a la aplicación de la amnistía, convocando a continuación a la Junta de Fiscales de Sala para que se pronuncie.