Álvaro García Ortiz declara ante el tribunal que le juzga por la supuesta filtración de datos reservados del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El fiscal general del Estado declara sin toga y frente al tribunal, y no desde los estrados de la defensa, lugar que viene ocupando desde la primera sesión de la vista oral.

El máximo responsable del Ministerio Fiscal no contestará a ninguna pregunta de las acusaciones, ni de la particular, que ejerce el abogado de González Amador. Y tampoco de las distintas acusaciones populares, que van del Ilustrísimo Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

"No voy a contestar a las preguntas de ninguna. En esta causa se han producido circunstancias que me han llevado a pensar que hay (por parte de la acusación particular) una actuación desleal con el tribunal", ha señalado, concretamente, en sala.

García Ortiz se ha referido a que en la querella que interpuso el novio de Ayuso en su contra "se omite que el 12 de marzo" el propio empresario envió el mail del fiscal Julián Salto "a una tercera persona para que haga un uso político del mismo", en alusión al jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez (conocido como MAR).

"Si eso se hubiera incluido no estaríamos aquí. No hay lealtad procesal en la búsqueda de la verdad", sostuvo García Ortiz, justificando así su negativa a no contestar más que a su defensa, que ejerce la abogacía del Estado, a de los representantes del Ministerio Público.

Seguidamente, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, le dirigió como principal pregunta: si fue él quien filtró el correo electrónico en que el abogado fiscalista de González Amador admitía que "ciertamente, se han cometido dos delitos contra la Hacienda pública". La respuesta del fiscal general ha sido clara: "No, no lo he hecho".

Por otro lado, según ha podido saber LA RAZÓN, el abogado de Manos Limpias, Víctor Soriano, había valorado pedir al tribunal que preside el magistrado del Tribunal Supremo Andrés Martínez Arrieta que la declaración del fiscal general -que se enfrenta a una posible condena de cuatro a seis años de prisión por revelación de secretos- se realice donde habitualmente lo hacen los acusados, en una silla frente a los magistrados que integran el tribunal. Como, finalmente, ha ocurrido.

La posibilidad de sentarse en estrados junto a su defensa es una prerrogativa de los abogados que no está expresamente prevista para el fiscal general (estaba fuera de cualquier previsión que un día el máximo representante del Ministerio Público llegase a sentarse en el banquillo de los acusados), aunque el tribunal accedió a su petición y permitió a García Ortiz seguir el juicio desde esa posición, y no en el lugar reservado a los acusados.