García Ortiz desoye al Consejo Fiscal y elige a Dolores Delgado fiscal de Memoria Democrática

El fiscal general del Estado propondrá al Gobierno el nombramiento de su antecesora en el cargo, la exministra de Justicia Dolores Delgado, como fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos. Como se esperaba, en contra del criterio de la mayoría del Consejo Fiscal (siete de los once vocales se han negado a participar en la votación), Álvaro García Ortiz se ha decantado por la actual fiscal Togada del Tribunal Supremo (cargo para el que también fue propuesta por su sucesor) en un tenso Pleno precedido de peticiones de dimisión del fiscal general por parte de dos de las tres asociaciones de la carrera: la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF), cuyos seis representantes en el Consejo no ha querido participar en la designación, y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), cuyo vocal también se ha mantenido al margen en señal de protesta.

Según las fuentes consultadas, los vocales que no secundaban la elección de Delgado han planteado en la reunión al fiscal general que la Inspección Fiscal abriese un expediente para esclarecer si la exministra incurre en causa de incompatibilidad por su relación sentimental con el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, al frente de un despacho de abogados y de una fundación, Fibgar, especializados en la defensa de derechos humanos. Pero, según esas mismas fuentes, García Ortiz ha descartado abrir ese procedimiento.

Los consejeros discrepantes no solo cuestionan esa posible causa de incompatibilidad para el cargo de Delgado -que llevó ayer al vocal de APIF a alertar por escrito de las posibles consecuencias de que "una plaza tan importante pudiera adjudicarse a una persona cuya plena imparcialidad en el ejercicio del cargo pudiera verse, ante terceros, comprometida"- sino que también critican el adelanto de la convocatoria tras el anuncio de elecciones por parte de Pedro Sánchez (el Consejo estaba previsto para el próximo día 19) y el empeño del fiscal general por enmarcar su actuación dentro de la normalidad.

Aguilar, fiscal de Delitos de Odio

A favor de la designación de Delgado han votado uno de los dos consejeros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación a la que pertenece la exministra; la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde; y la inspectora jefe María Antonia Sanz, estas dos últimas miembros natos del órgano consultivo.

A la plaza de Delgado -quien ya venía ejerciendo competencias en asuntos de derechos humanos por decisión del fiscal general del Estado- optaban además Juan Calparsoro (que ha recibido el apoyo de un vocal de la UPF), fiscal provincial de Guipúzcoa; Luis Ibáñez, de la Fiscalía Antidroga; y Carlos Castresana, fiscal del Tribunal de Cuentas.

García Ortiz propone asimismo otros ocho nombramientos. El más destacado, el de otro miembro de la UPF, Miguel Ángel Aguilar, de la Fiscalía de Barcelona, como fiscal de Delitos de Odio, puesto para el que se habían postulado igualmente Antonio Mateos, de la Fiscalía Provincial de Badajoz; María del Pilar Rodríguez, de la Fiscalía de Madrid; y Juan Calparsoro.

El fiscal general ha designado también a Rosa María Frías para la Fiscalía Antidroga, donde ya trabajaba en comisión de servicios; a Jaime Goyena para la Fiscalía de Navarra; a Julio Cano para la de Baleares; a Rocío de la Paz (Valladolid); a Soledad Martín, para la Fiscalía de Valladolid; a Pablo Varela para la de Pontevedra; y, por último, a Pedro Javier Ariche como teniente fiscal de la Fiscalía de Cataluña.

Cruce de reproches

Tanto la Asociación de Fiscales como APIF han reprochado al fiscal general que haya convocado un Pleno con nombramientos discrecionales sobre la mesa -cuya fecha adelantó nada más anunciar Pedro Sánchez la convocatoria de elecciones generales el 23 de julio- con las Cámaras ya disueltas.

Desde la Fiscalía General se ha insistido una y otra vez en que "no constituye una decisión novedosa" y que se enmarca dentro del "criterio histórico" del Ministerio Público. Para ello, García Ortiz no dudó en utilizar el boletín interno de la institución, Infofiscalía, en el que aludió a nombramientos que consideraba en circunstancias análogas por parte de anteriores fiscales generales, señalando directamente a Consuelo Madrigal.

La exfiscal general no tardó en reaccionar y calificó de "espurias" esas maniobras y precisando -como posteriormente harían la Asociación de Fiscales y APIF- que los nombramientos que llevó a cabo en octubre de 2015 se realizaron sin que las Cortes se hubieran disuelto.

"Burda maniobra"

La Asociación de Fiscales ya había exigido, horas antes de la celebración del Pleno, la dimisión de García Ortiz, alertado del "deterioro de la imagen institucional" del Ministerio Fiscal, que según denunció en un comunicado "ha alcanzado uno de sus límites más altos" al intentar la Fiscalía General del Estado "equiparar" el anuncio de elecciones generales con la convocatoria oficial del proceso electoral "para intentar justificar situaciones que no son comparables". Algo que, aseguró la AF, supone "una especie de ajuste de cuentas personal" para el que se ha recurrido a "medios de comunicación propios" de la Fiscalía General del Estado.

"Ningún fiscal general había anticipado, con burda maniobra, un Consejo Fiscal ya convocado sólo para hacer unos nombramientos", incidió la asociación que preside Cristina Dexeus, para la que "desde luego" durante su mandato Consuelo Madrigal "no celebró ningún Consejo Fiscal para hacer nombramientos una vez convocadas formalmente unas elecciones generales".

Y recordaba que plazas tan relevantes como la de fiscal de Sala de Anticorrupción, de la Audiencia Nacional y de la Unidad de Apoyo "fueron convocadas a propuesta del siguiente fiscal general", José Manuel Maza.

"Manipulación" y "descrédito"

Tras acusar a García Ortiz de facilitar "una información intencionadamente manipulada" a través de "canales institucionales" del Ministerio Público "en descrédito" de Madrigal, la AF reclama la dimisión del sucesor de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía.

En esa misma línea, desde APIF se acusó directamente al fiscal general del Estado de "manipulación" y de intentar "engañar a la ciudadanía y a los fiscales" comparando la apresurada convocatoria de este Consejo Fiscal con lo ocurrido en 2015, cuando el Pleno de nombramientos se celebró una semana antes de la disolución de las Cámaras, a diferencia de lo que ha ocurrido ahora.

"El actual fiscal general del Estado celebrará un Consejo sobre plazas discrecionales con las Cortes disueltas, y Consuelo Madrigal no lo hizo", dejó claro la Comisión Ejecutiva de la asociación en un comunicado.

APIF señaló que Madrigal dejó pendientes 30 nombramientos, tres de ellos fiscales de Sala, "para que los realizara el siguiente fiscal general". "Consuelo Madrigal no engañó", recalcó APIF antes de reprochar a García Ortiz que haya "aprovechado un instrumento de comunicación interno de la Fiscalía para propagar una información manipulada".