García Ortiz se enroca ante las críticas en presencia de los jueces que le juzgarán: "Creo en la Justicia"

A un paso del banquillo y en el epicentro de la polémica por su asistencia al solemne acto de apertura del Año Judicial en el Tribunal Supremo (TS) -ante algunos de los magistrados que tendrán que juzgarle por revelación de secretos-, Álvaro García Ortiz ha hecho un "humilde llamamiento" para reclamar el "máximo respeto" a la Fiscalía y "al trabajo de todos los fiscales". Y lo ha hecho haciendo hincapié en que la Fiscalía es "una institución enérgica que no sucumbe ante los embates o ataques de los delincuentes". García Ortiz ha asegurado que asistir al acto en su condición de fiscal general es "un honor, como jurista, como fiscal y como ciudadano de este país".

En presencia de Felipe VI, el fiscal general del Estado ha dicho ser "consciente de las singulares circunstancias" de su intervención y ha dicho respetar "todas las opiniones". Acuciado por las peticiones de asociaciones de jueces y fiscales para que renunciara a representar a la Fiscalía General del Estado en el acto de apertura del Año Judicial dada su situación procesal -con un pie en el banquillo por la supuesta filtración de datos reservados del empresario Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, por lo que se enfrenta a peticiones de condena de hasta cuatro años de cárcel por un delito de revelación de secretos, García Ortiz ha justificado su presencia en el acto: "Estoy aquí como fiscal general del Estado", "porque creo en la Justicia" y "en el Estado de Derecho". "Y, por supuesto, también en la verdad".

Al hilo de su confianza en la Justicia y confiado en su absolución, el máximo representante del Ministerio Público ha puesto de relieve que "una sentencia absolutoria nunca puede interpretarse —en un riguroso análisis de la justicia penal— como un dato discordante". "Más al contrario, significa que el sistema funciona y que el proceso es garante de los derechos de la ciudadanía", ha incidido anticipándose quizás a su posible absolución.

El fiscal general ha puesto en valor la obligación de "quienes trabajamos en la prevención y persecución del delito" de "asegurar" el "mantenimiento y mejora" de la libertad y seguridad de lo que ha definido como "uno de los países más seguros y prósperos del mundo".

Reclama "autonomía" para la institución

Consciente de las críticas sobre la independencia del fiscal general, en su discurso, de poco menos de media ahora, ha reclamado asimismo la "autonomía respecto del Poder Judicial y, por supuesto, también del resto de poderes del Estado". Y para ello ha abogado por una "institución potente, con presencia y relevancia en la sociedad, vertebradora del Estado, en la aplicación del principio de igualdad en cualquiera de los rincones de este país y a cualquiera de las personas que lo integran".

García Ortiz se ha revuelto frente a "quienes buscan excusas o se resisten el cambio" oponiéndose a la reforma procesal que dejará en manos de los fiscales la instrucción de las causas y ha reclamado que se impulse "de una vez por todas" el cambio legislativo que permita "modernizar, y también mejorar, nuestro sistema de proceso penal". Lo que, ha reconocido, supondrá "una metamorfosis de la Fiscalía española". Sobre todo, ha recalcado en relación a posibles injerencias políticas, "en los procesos internos de toma de decisiones para encauzar las discrepancias". Para lo que ha abierto la puerta a que "si se considera pertinente", se llegue a "restringir el poder del fiscal general".

El máximo representante de la Fiscalía ha destacado los principales hitos de la Memoria de la Fiscalía del pasado año, cuando se incoaron 1.687.743 diligencias previas, de las que los delitos contra la vida y la integridad acapararon el 32 por ciento de las actuaciones y los delitos contra el patrimonio, el 21%. Asimismo, ha recordado que en 2024 se incoaron 245.851 juicios rápidos, un 2,6% más que en el ejercicio anterior.

Las acusaciones por delitos de odio se disparan un 40%

García Ortiz ha puesto de relieve que el pasado año la Fiscalía formalizó 160.863 escritos de acusación (65,4 % de los asuntos incoados), alcanzándose una conformidad en el 74,6 por ciento de los procedimientos.

Asimismo, se ha referido al "muy destacable" incremento de los escritos de acusación por delitos de odio y discriminación, de casi un 40% respecto al año precedente.

En las últimas 24 horas se han sucedido las voces que han pedido que no participara en el solemne acto de apertura del año judicial. Al respecto, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y dos asociaciones de fiscales (AF y APIF) le pidieron a 24 hora del inicio del acto que declinara su participación por respeto a las instituciones. A ellos se sumaron los diez vocales conservadores del CGPJ que solicitaron a su presidenta María Isabel Perelló que no acudiera el fiscal general al acto y que no se ubicara al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en estrados con el Rey Felipe, que preside el acto.

A esta misiva, que no ha sido respondida, se opusieron los vocales progresistas del Consejo, que pidieron normalidad institucional y democrática y recordaron que el fiscal general tiene la obligación por ley de comparecer en el acto más importante de la carrera judicial.