"No, no lo he hecho". El fiscal general del Estado ha negado que hiciera llegar el correo con la confesión de Alberto González Amador a personas ajenas a la Fiscalía. Durante poco más de una hora, Álvaro García Ortiz -sentado frente al tribunal, no en estrados, y ya sin toga- ha negado que al recabar los correos entre la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y el fiscal que le investigaba por fraude fiscal pretendiera causar daño alguno al empresario. "No. Eso está fuera de toda duda", ha asegurado.

El máximo representante del Ministerio Público, quien por primera vez en la historia de la institución ha declarado como acusado ante un tribunal, ha defendido que "cualquier dato del Sr. Alberto González Amador ha sido tratado con exquisitez".

De hecho, ha afirmado ante el tribunal que su "obsesión" era que "ninguna actuación" de la fiscalía pudiese ser "malinterpretada" y por este motivo -ha recalcado, de "todos los mensajes y documentación" que hay en la causa "no encontrarán ninguna actuación que pueda ser malinterpretada en relación con Alberto González Amador y su entorno".

Manos Limpias rebaja su petición a tres años de prisión

El acusado -quien se enfrenta ahora a una petición de condena de tres a seis años de prisión, después de que una de las acusaciones populares, Manos Limpias, haya rebajado su petición de condena- ha insistido en que "en absoluto" ha intentado "perjudicar" el derecho de defensa del novio de Ayuso "ni su propia honorabilidad".

García Ortiz, que se ha negado a contestar a las preguntas del abogado de González Amador y de las acusaciones populares, a las que ha reprochado una "deslealtad procesal" a la hora de "buscar la verdad"-

El fiscal general ha cargado contra la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, quien según aseguró que le reprochó que hubiese filtrado el correo del 2 de febrero de 2024 en el que la defensa del empresario admitía el fraude tributario para conseguir una rebaja en la petición de condena en un acuerdo de conformidad. "Yo no escuché esas palabras. Dudo que un fiscal de este país se dirija así a un fiscal general del Estado y más no habiendo una relación de confianza para dirigirse a mí en esos términos".

Además, ha dicho que no le informó "en absoluto" de esas negociaciones de conformidad con la defensa de González Amador. "Me tendrían que haber informado directa e inmediatamente", ha mantenido.

Reacción a una "calumnia"

A lo largo de más de una hora de declaración, ha explicado que reaccionó después de que Isabel Díaz Ayuso aludiese a que había "una persecución de las fuerzas del Estado, en las que incluye a la Fiscalía y también a la Agencia Tributaria" contra su pareja". Y después de que aludiese a que la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez, había "sido directora general" con el Gobierno de Zapatero, "para que se cuestione su profesionalidad y honorabilidad, como ocurrió muy gravemente".

García Ortiz volvió a justificar el borrado de sus mensajes por razones de seguridad, porque según dijo él gestiona sus propios dispositivos. Además, aseguró que cambió de móvil el 23 de octubre de 2024 porque era un gestión que tenía pendiente realizar desde mayo, pero "lo había ido dejando" para realizarlo con los técnicos, pese a que el dispositivo presentaba en la pantalla "una rotura".

Respecto a que se le enviasen a su cuenta de Gmail, y no a la profesional, los correos entre el abogado fiscalista de González Amador y el fiscal Salto, defendió que era porque "se maneja mucho mejor" con el servicio de correo de Google y reivindicó, en este sentido, que "no está sujeto" a usar obligatoriamente el corporativo de Outlook.

En cuanto al contenido de la nota de prensa que elaboraron en Fiscalía General sobre el caso, quiso poner en valor que se quitaron referencias a que era la pareja de la presidenta madrileña, y se eludió que se respondía no solo a informaciones periodísticas, sino también a declaraciones de "dirigentes políticos". Se trataba, ha dicho, de salir al paso de la "insidia y calumnia directa" que según ha puesto de relieve difundió contra la Fiscalía el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.

"Víctima de una operación política"

En su escrito de defensa, el fiscal general del Estado se presentaba como "víctima de una operación política" frente a lo que su defensa, que ejerce la Abogacía del Estado, denominaba una "operación perfectamente orquestada" desde la Comunidad de Madrid para presentar a González Amador como "víctima de una operación política" para "contrarrestar la repercusión política negativa" de la publicación por parte de "Eldiario.es", el 12 de marzo del pasado año, de la denuncia contra el empresario por un supuesto fraude fiscal de 350.951 euros.

Según exponía, reclamó esos correos entre la defensa del novio de Ayuso y el fiscal Julián Salto en el "legítimo ejercicio de sus competencias como fiscal general" con el objetivo de evitar "el perjuicio para la imagen y el prestigio de la Fiscalía", saliendo así al paso de "una campaña de desinformación" que cuestionaba la "honradez y profesionalidad" del Ministerio Público (al difundir que el acuerdo de conformidad con el empresario se había frenado desde la Fiscalía General por tratarse de la pareja de la presidenta madrileña).

La Abogacía del Estado señalaba directamente a Miguel Ángel Rodríguez como el responsable de difundir entre varios periodistas un "relato alternativo" que hacía derivar los problemas de González Amador con Hacienda de "una persecución política" contra Ayuso. Una "versión manipulada de los hechos" frente a la cual García Ortiz recabó todos los correos entre su abogado y el fiscal Julián Salto para facilitar una "información veraz" en la nota que se hizo pública el 14 de marzo, horas después de la supuesta filtración que le ha llevado al banquillo.

Borraba sus mensajes "con regularidad"

García Ortiz apuntaba en ese escrito que al menos dos periodistas tuvieron acceso antes que él al correo del 2 de febrero de la confesión del novio de Ayuso, un paso al frente con el que su abogado intentaba llegar a un pacto con la Fiscalía para rebajar la petición de condena y sortear el riesgo de ingreso en prisión.

Según puso de manifiesto entonces la Abogacía del Estado, alrededor de 600 personas pudieron haber accedido a esa comunicación, puesto que el abogado de González Amador, Carlos Neira, la remitió a una cuenta genérica de Fiscalía y a un abogado del Estado, rompiendo "cualquier supuesta confidencialidad".

El fiscal general desvinculaba la información de la cadena Ser de la existencia de ese correo la noche del 13 de marzo de 2024 de la recepción, minutos antes, de todos los correos que él había reclamado a través de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. "Si ambos hechos están próximos en el tiempo -argumentaba- es porque los dos tuvieron una misma causa desencadenante", en referencia a esa "campaña de desinformación" que atribuye a la Comunidad de Madrid.

Y en cuanto al borrado de su móvil, lo justificó en que lo hacía "con regularidad en el desempeño de su función y de manera segura" para preservar la seguridad de documentos oficiales. Del mismo modo, defendió que eliminó su cuenta personal de Gmail tras recibir mensajes "incómodos y en ocasiones hostiles" una vez el informe de la UCO desveló su dirección de correo electrónico.