García Ortiz niega al Senado el informe sobre la amnistía que le reclamó

No habrá informe del Consejo Fiscal sobre la amnistía. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha comunicado ya al presidente del Senado, Pedro Rollán, que el Consejo Fiscal "carece de competencias" para emitir informes sobre proposiciones de ley en tramitación en el Parlamento.

García Ortiz responde así a la solicitud formulada por la Mesa del Senado el pasado 5 de diciembre, cuando el PP hizo valer su mayoría absoluta en la Cámara Alta para recabar tanto del Consejo Fiscal como del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sendos dictámenes sobre la polémica proposición de ley.

En la carta remitida al presidente del Senado, el fiscal General argumenta que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal contempla la intervención del Consejo Fiscal para informar proyectos de ley o normas reglamentarias que afecten a la estructura, organización y funciones del Ministerio Público. "No está legalmente prevista, por el contrario -precisa-, su labor informante o consultiva en proposiciones de ley en tramitación ante el Parlamento".

Tras distinguir las competencias consultivas del Consejo Fiscal y del CGPJ en relación a los proyectos de ley y las proposiciones de ley, García Ortiz alude a varias sentencias del Tribunal Constitucional y señala que el Consejo Fiscal "no tiene semejanza alguna" con el órgano de gobierno de los jueces.

Los fiscales deberán "posicionarse"

Tras dejar claro que ni el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal ni la Ley Orgánica del Poder Judicial ni el Reglamento del Senado contemplan el requerimiento efectuado por la Mesa del Senado, García Ortiz señala que solo la "leal colaboración institucional" permitiría que fuera la Fiscalía, y no su órgano consultivo, la que informara sobre una proposición de ley durante su tramitación parlamentaria.

Pero a renglón seguido matiza que tampoco es posible en este caso porque el informe solicitado supondría "alterar el normal funcionamiento de la institución" e "invadir espacios y competencias propias de la estructura organizativa de la Fiscalía española en su toma de decisiones". Y es que, añade, si la norma entra en vigor, los fiscales "deberán posicionarse" en las distintas causas afectadas "en relación con su ámbito objetivo de aplicación y respecto de cualquier cuestión prejudicial o cuestión de inconstitucionalidad que pueda plantearse".

García Ortiz insiste en su negativa a "extralimitar" de sus funciones y recalca que por encima de su voluntad de colaboración interinstitucional "está el efectivo cumplimiento de las circulares e instrucciones de la Fiscalía General del Estado, doctrina vinculante para todos los integrantes de nuestra institución".