García Ortiz refuerza su defensa con la abogada del Estado que descartó la rebelión del "procés" tras los "gestos" que reclamaba el independentismo a Sánchez

La ex abogada general del Estado Consuelo Castro se incorpora a la defensa de Álvaro García Ortiz, que se sentará en el banquillo del Tribunal Supremo (TS) desde el próximo 3 de noviembre acusado de un delito de revelación de secretos por la supuesta filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador, según ha adelantado la cadena Ser y ha confirmado este periódico de fuentes jurídicas.

Castro fue la responsable de que la Abogacía del Estado diese un giro en la causa del "procés" desmarcándose de la Fiscalía y acusando a los líderes independentista del delito de sedición y no de rebelión, como defendía el abogado del Estado Edmundo Bal, jefe del área penal de los Servicios Jurídicos del Estado, a quien esas discrepancias le acabaron costando el puesto en noviembre de 2018, cuando fue destituido por decisión de la propia Castro.

La posición de la Abogacía del Estado se dio a conocer después de que desde el independentismo (ERC y el todavía PDeCAT), en plena negociación del Gobierno de Pedro Sánchez para la aprobación de los presupuestos, reclamara "gestos" al Ejecutivo para respaldar las cuentas públicas y una vez el propio Sánchez y la entonces vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo cuestionaran públicamente la acusación por rebelión que la Fiscalía sí mantuvo.

El Supremo condenó por sedición

Finalmente, el Tribunal Supremo (TS) condenó por sedición (delito que posteriormente se eliminó del Código Penal a instancias del Gobierno en un nuevo gesto al independentismo) y malversación a los líderes del "procés", pues aunque constató que se produjeron "indiscutibles episodios de violencia" consideró que esos actos resultaron insuficientes "para imponer de hecho la efectiva independencia" de Cataluña y la derogación de la Constitución en la comunidad autónoma. De hecho, llegó a calificar la independencia, tras la fugaz declaración unilateral del Parlament, de una mera "ensoñación".

Castro, que estuvo al frente de la Abogacía del Estado entre junio de 2018 hasta el mismo mes del pasado año, se une así al abogado del Estado José Ignacio Ocio en la defensa del fiscal general del Estado, que se enfrenta a una posible condena de seis años de prisión por la presunta filtración del correo del 2 de febrero de 2024 en el que González Amador reconocía el fraude fiscal por el que estaba siendo investigado con el objetivo de llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía (y conseguir así una rebaja en la petición de condena).

Coincidieron en el juicio del Prestige

Castro y García Ortiz son dos viejos conocidos pues ambos coincidieron en el ejercicio de la acusación pública en el juicio por la catástrofe ecológica del Prestige. Castro, como abogada del Estado en Galicia y el actual fiscal general como fiscal delegado de Medio Ambiente en Galicia.

Tras el cambio de rumbo de la Abogacía General del Estado a solo tres meses del comienzo del juicio del "procés" en el Tribunal Supremo, se consumó la destitución, "por pérdida de confianza", de Edmundo Bal, que como responsable del departamento penal había sido el encargado de representar a la Abogacía del Estado en la causa durante su instrucción.