García-Page pide por carta a Pedro Sánchez un compromiso de Estado para que las leyes nacionales no afecten a las finanzas autonómicas

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha enviado esta mañana una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el objetivo de que en la próxima Conferencia de Presidentes se aborde un compromiso de Estado que implique la garantía de financiación de los sobrecostes que se deriven de la aplicación de normativa o acuerdos de la Administración del Estado.

En la misiva a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, el presidente manchego "observa con preocupación" cómo la adopción de "diversas actuaciones y medidas por parte de los diferentes Gobiernos de España han tenido una clara incidencia, tanto desde la vertiente de los ingresos como de los gastos, en el ámbito de la financiación y de las relaciones entre las haciendas públicas estatal y autonómicas". Sin referencia ninguna a la ley de amnistía, sobre la cual un informe del Senado advierte del impacto negativo en el resto de las comunidades autónomas que supondría la entrada en vigor de la citada ley, el presidente regional y crítico con los pactos con los independentistas, pide al presidente del Gobierno un acuerdo para que la Administración General establezca todos los mecanismos que garanticen que las normas estatales que supongan un incremento de gasto o reducciones de los ingresos tributarios de las Comunidades Autónomas contengan la valoración correspondiente y no impliquen una disminución de los márgenes de autonomía para desarrollar sus competencias propias.

Page busca que la aprobación de normartivas estatales que puedan favorecer a una comunidad en concreto no conlleve aparejado que la financiación de esa comunidad pueda suponer un "menoscabo" de los recursos financieros del resto de comunidades. Ejemplifica el presidente de Castilla-La Mancha que, en su región este elemento "nos pone en enormes dificultades para poder cumplir con las exigencias" que la ciudadnía marca en políticas consolidades como sanidad, servicios sociales o infraestructuras.

El presidente regional pone como ejemplo que la realización de modificaciones normativas por parte del Estado sobre tributos cedidos supone "una minoración de su rendimiento como las aplicadas al impuesto especial sobre la electricidad y al impuesto sobre el Valor Añadido". En el apartado de gastos, explica, que los sobrecostes derivados en el ámbito de la atención a personas con discapacidad, tras la aplicación del acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia cifra en más de 32 millones de euros hastsa 2030.

En el caso de la enseñanza universitaria, el gobierno regional estima que la aplicación de la ley orgánica del Sistema Universitario, está suponiendo un incremento muy notable de los costes de las universidades con implantación en la región y, por tanto, de las obligaciones financieras de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.