García-Page solicitará una Conferencia de Presidentes para que no se aprueben leyes sin financiación

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha adelantado este miércoles que a partir de enero va a «pilotar» una iniciativa para solicitar una Conferencia de Presidentes en la que el Gobierno se comprometa a no aprobar leyes que supongan gasto para las comunidades autónomas pero que no vayan acompañadas de financiación.

García-Page ha realizado este asunto en Cuenca, donde ha firmado con la Universidad de Castilla-La Mancha un protocolo general de actuación para la organización de eventos en las instalaciones del Campus de Cuenca y ha mostrado su respaldo a la Conferencia de Rectores, que ha advertido de que la Ley de Universidades no se podrá aplicar si no va acompañada de financiación.

En este sentido, ha reprochado que «en España se legisla para que paguen los demás», pero «sin contar con los que realmente son los sectores afectados», por ello ha avanzado que solicitará una Conferencia de Presidentes con el Gobierno para que «haya un compromiso de Estado» de forma que se adopte «un compromiso absolutamente riguroso de no aprobar legislaciones que suponen gastos a las comunidades autónomas si no van acompañados de la financiación específica y además, garantizada».

«Este es un compromiso de lealtad mínima y elemental», consideró el presidente castellanomanchego, que calificó de «inasumible y políticamente muy obsceno» esta forma de legislar, más si se tienen en cuenta los «diez años de parálisis de la financiación autonómica».

A su entender, esta forma de actuar es «un parcheo permanente de normativa» y se ha preguntado qué pasaría si el Gobierno regional «estuviera permanentemente legislando gastos de los ayuntamientos», que provocase que las administraciones locales «fueran con la lengua fuera, intentando llegar a cumplir los compromisos que le marca la legislación autonómica».

Asimismo, ha adelantado que el Gobierno regional va a reclamar al Estado que «asuma la deuda que obliga a las comunidades autónomas y a las administraciones universitarias» a través de dichas leyes que conllevan «un gasto no financiado previamente».

De hecho, ha reclamado que de cara a la ley de universidades, el presupuesto del Estado para 2024 incorpore la financiación correspondiente, pues alegó que, de lo contrario, «tendrá que haber una paralización de lo que supone el gasto económico» hasta que la Administración central asuma su parte.

También exigió que los 150 millones de euros «que se han pactado a nivel nacional para la investigación solo de las universidades catalanas, se extiendan a todas las universidades del país». «El sistema de financiación tiene que ser común o si no, no será», ha advertido García-Page, que ha considerado que del mismo modo que hay aportaciones extra para la investigación para las universidades catalanas, también lo debe haber para las demás. «Si hay dinero extra en las universidades catalanas, lo tendrá que haber para el resto. Y lo voy a exigir», concluyó.