La gestión del fiscal general del Estado y la discrecionalidad en los nombramientos le hacen "inidóneo" para el cargo

La "deficiente legalidad en la gestión administrativa de la Fiscalía" y la falta de "transparencia" en los nombramientos que ha realizado han sido los principales motivos que han llevado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a considerar "inidóneo" al actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para continuar en el cargo. Concretamente, se le calificó como "inidóneo" para el nombramiento. También se le critica la "deficiente dirección" para en el funcionamiento procesal de la Fiscalía y la falta de amparo a los fiscales.

En el informe en el que da cuenta de los motivos para rechazar su nombramiento, indica que se deben examinar los criterios de legalidad y de oportunidad. En este sentido, no se puede tener en cuenta solo su currículum, sino también su gestión en este tiempo al frente de la Fiscalía General del Estado que el Gobierno quiere que siga liderando hasta 2027.

Respecto del criterio de legalidad, el documento confirma que su renovación es admisible porque aún no había cumplido dos años de ejercicio del cargo.

Pero en el criterio de oportunidad es donde surgen los principales cuestionamientos. Señala el escrito que la oportunidad se debe entender como la conveniencia para algo. En este caso, el hecho de que García Ortiz haya desempeñado el cargo de fiscal general del Estado "nos autoriza, en realidad nos obliga, a tomar en consideración su actuación en la fase previa a la propuesta remitida", sostiene el informe.

Valor del trámite de audiencia

El Pleno del consejo recuerda que la Constitución, al darles la función de informar de este nombramiento, se basa en "los vínculos del Fiscal con el Poder Judicial". De hecho, considera que se puede concluir que está integrado en el mismo, aunque con una naturaleza distinta. El hecho de que entre sus funciones esté la de "garantizar la independencia del Poder Judicial", consideran "lógico" que se dé el trámite de audiencia.

En su exposición razonada, el órgano defiende su competencia para valorar y expresar su criterio y recuerda que la jurisprudencia señala que, al no ser un "informe vinculante para el Gobierno", es necesario expresar las razones en las que se funda porque su "eficacia y valor" dependerá del "grado de convicción que alcancen sus razonamientos en orden a influir en la libre decisión gubernamental", indica.

El informe recuerda que el nombramiento del Fiscal General del Estado debe realizarse a propuesta del Consejo de Ministros, pero requiere de manera imperativa que previamente se escuche al CGPJ.