El Gobierno da alas al relato de la injerencia política en la investidura tras la imputación de Puigdemont

La posibilidad de imputación al expresident fugado Carles Puigdemont en la investigación por terrorismo a Tsunámi Democrátic acapara todos los focos ahora en medio del proceso de negociaciones para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez. En un momento clave, en el que el atasco de negociaciones entre el PSOE y Junts llega al analizar la letra pequeña de la futura ley de amnistía. Los equipos negociadores se encuentran estudiando al milímetro todos los pormenores del articulado de la ley para intentar evitar que queden resquicios legales y que ésta pueda llegar a frenarse en los tribunales.

Este lunes, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, vio indicios para imputar al expresident catalán y sí acordó imputar a la secretaria general de ERC, Marta Rovira y a otras diez personas más. La imputación de Puigdemont podría conllevar a una acusación por delito de terrorismo.

Desde la izquierda no tardaron en reaccionar acusando directamente al juez de interferir en medio de la investidura y muchos analistas ven así este paso. Un análisis que si bien, no han querido avalar explícitamente en el Ejecutivo, sí han dejado la puerta abierta a este relato. La ministra portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, ha evitado hacer una valoración como Gobierno, aunque si ha dejado caer que el señalamiento del juez hacia el expresident por el caso Tsunami Democrátic llega "después de cuatro años" de la instrucción de la causa. “Ahí están los hechos para su análisis y para que la ciudadanía los pueda analizar. Se lleva instruyendo cuatro años”, ha recordado, para después poner en valor que hay “otros operadores jurídicos”, como la Fiscalía, que “tiene criterios distintos”. La portavoz se ha negado a emitir su opinión política al hablar como portavoz del Gobierno. “El Gobierno emite el respeto absoluto a la separación de poderes y a la justicia. Ahí están los hechos para que ustedes los puedan analizar”, ha zanjado.

Por otro lado, la ministra portavoz ha calificado de “inaudito” la declaración aprobada este lunes por el pleno del Consejo General del Poder Judicial en contra de la amnistía. “No deja de ser inaudito que un órgano en el que están sentados personas con estos conocimientos y trayectorias, se emita un pronunciamiento acerca de una norma que no existe, que desconocen su contenido”. A juicio de la portavoz “se descalifica por sí solo”. El Ejecutivo pide “la misma celeridad” para abordar la renovación del CGPJ.