El Gobierno apunta ahora al frente sanitario como nicho electoral tras la vivienda

El Congreso acelera en la recta final de la legislatura. Con elecciones autonómicas de por medio, el Ejecutivo busca ahora desbloquear leyes claves para ir cerrando compromisos de investidura con sus socios parlamentarios. Quedan tan solo cinco semanas con pleno en el Congreso de los Diputados para que el Gobierno pueda materializar buena parte de su agenda legislativa comprometida y eso es en lo que ahora se mueven los grupos parlamentarios, en la previa de arrancar la campaña electoral que paralizará parte de la agenda legislativa. Hasta 56 leyes duermen todavía en la Cámara Baja con plazos de enmienda inacabables.

Desde hace meses, los principales aliados demandan al Gobierno desatascar tramitaciones parlamentarias en materias muy sensibles y que han sido bandera en esta legislatura. Ahora, según fuentes parlamentarias, PSOE, Unidas Podemos y el bloque de la izquierda negocia para dar salida a, al menos, cuatro de ellas. La ley de Salud mental, la ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, el proyecto de ley para crear la agencia estatal de Salud Pública y la proposición de Ley sobre ratios de enfermeras, que viene de una iniciativa legislativa popular del ámbito sanitario.

La ley de salud mental lleva 65 prórrogas de enmiendas y está atascada desde septiembre de 2021. El último plazo vence el próximo 17 de mayo y ahora el Ejecutivo trata de acelerar consciente de la marcada urgencia. Todos los grupos coinciden en la necesidad de legislar, es decir, de actuar contra esta lacra que supone hasta once muertes diarias durante 2021, según recogen los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Pero, hasta ahora, a pesar de las múltiples iniciativas presentadas a lo largo de la legislatura, no ha habido consenso.

La ley de Equidad, bautizada como «ley Darias» lleva desde finales de 2022 en el Congreso con hasta 32 prórrogas. Podemos amenazó en su momento con tumbar la ley si el PSOE no aseguraba que se prohibiesen las privatizaciones en sanidad. Para el partido morado, la clave está en el concepto de «excepcionalidad» por el cual el proyecto de ley permitirá realizar conciertos con la sanidad privada. Según Podemos, la norma ampara a las comunidades autónomas a seguir realizando privatizaciones.

Una de las más recientes es la creación de una Agencia Estatal de Salud Pública, que llegó al Congreso en febrero de este año. El Consejo de Ministros la aprobó con el objetivo de «reforzar las capacidades del Estado para mejorar la salud de la población» y lleva trece prórrogas de enmiendas. La próxima semana será definitiva la reunión de la mesa para desatascarla.

Por último, la proposición de Ley sobre ratios de enfermeras cuenta con hasta 83 plazos de retraso. En marzo, la mesa del Congreso acordó desbloquear la norma de inmediato. Y ese momento será ahora. La norma persigue establecer ratios mínimos de enfermeros y enfermeras en la sanidad pública. Llega con dos años de parálisis en el Congreso. La norma nació de una ILP que en 2020 obtuvo el respaldo total de los grupos parlamentarios.

Mientras se desbloquean cuatro leyes sanitarias, algunas de ellas de marcado perfil autonómico (como la de Equidad, ya que busca «blindar» la sanidad pública, pese a que es competencia de las Comunidades), hay otras tantas que también tienen peso social y político y siguen sin ver la luz pese a llevar en trámite parlamentario mucho tiempo. Una de ellas es la proposición de ley sobre bebés robados, que entró en el Congreso en febrero de 2020, impulsada por PSOE, Podemos o ERC, y alargó el periodo de enmiendas hasta 146 veces: finalmente, el 1 de marzo se desbloqueó y ahora es momento para que los grupos parlamentarios negocien las 98 enmiendas que se han presentado. Los socialistas han presentado algunas enmiendas que cambian partes sustanciales del texto, como la eliminación de crear una Fiscalía Especial.

Igual que la ley de «bebés robados» quedó desbloqueada recientemente, la proposición de ley del PSOE para abolir el proxenetismo quedó desastacada hace mucho más (en el mes de octubre) y lleva ya más de medio año varada, sin activar la fase de ponencia (hay que crear un grupo de trabajo compuesto por los diferentes grupos parlamentarios para negociar e incorporar enmiendas). Esta norma alberga mucha polémica porque el grupo parlamentario de Podemos se dividió en la votación y el PSOE recibió el auxilio del PP para salvar el primer trámite. En todo caso, ni «bebés robados» ni «proxenetismo» albergan novedades y siguen varadas en el trámite parlamentario.

La ley para proteger el derecho a una vida digna de las personas con ELA lleva un año en el cajón, una norma también muy sensible.

Otra ley importante, que ha quedado descafeinada porque no incorpora la financiación de las autopistas es la ley de movilidad sostenible, un compromiso con Bruselas para la remisión de los fondos europeos.