Terrorismo

El Gobierno asegura que la mayoría de los presos yihadistas se han apuntado a programas de desradicalización

El programa se ha puesto en marcha en marzo de este año en colaboración con la UNED

Mustafá Maya Amaya, un ejemplo de yihadista al que la cárcel no desradicalizó
Mustafá Maya Amaya, un ejemplo de yihadista al que la cárcel no desradicalizóLa RazónLa Razón

De las 27 personas se encuentran cumpliendo condena por delitos de terrorismo yihadista en cárceles españolas, 17 participan en el programa de desradicalización puesto en marcha en marzo de este año de acuerdo con la UNED. Según una respuesta del Gobierno al Grupo Popular, en la que no se citan a los internos preventivos pendientes de juicio, a fecha 30 de octubre se encontraban en centros penitenciarios gestionados por la Administración General del Estado cinco personas que habían cumplido condena en el pasado por delito de carácter terrorista-yihadista. Reincidentes.

“Las áreas de Seguridad y Tratamiento de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) impulsan desde hace años estrategias de seguimiento y prevención de la radicalización violenta en los centros penitenciarios, con el foco puesto tanto en aquellas personas que cumplen condena por un delito relacionado con el terrorismo yihadista, como con las que pudieran ser susceptibles de caer en procesos de radicalización (…) se plantean tres objetivos a fin de mejorar las actuaciones que se llevan a cabo en los centros penitenciarios: conocer los factores que originan la radicalización especialmente violenta, perfeccionar la herramienta penitenciaria de valoración del riesgo de radicalización y elaborar un nuevo programa de intervención”, señala el Ejecutivo.

En este sentido, “se impulsó una investigación de carácter empírico dirigida por la UNED en colaboración con la Secretaría General para conocer los mecanismos subyacentes a la radicalización violenta, que se ha materializado en el Programa de intervención en procesos de radicalización violenta de carácter yihadista, puesto en marcha en marzo de 2023”.

Asimismo, se ha revisado toda la normativa existente “realizando las adaptaciones al contexto español que se consideraron más oportunas”.