El Gobierno canario de Ángel Víctor Torres negó en 2021 los contratos con la empresa de la «trama Koldo»

El Ejecutivo de Ángel Víctor Torres negó en junio de 2021 los contratos con Soluciones de Gestión, la empresa de la «trama Koldo», después de que el primer denunciante de esas operaciones, el abogado Ramiro Grau, formalizase un mes antes una solicitud de acceso a la información pública relativa a esas adjudicaciones.

El letrado remitió el 29 de abril de 2021 esa petición de datos, al amparo de la Ley de Transparencia, directamente al entonces presidente canario, por lo que su solicitud quedó formalizada en el registro de Presidencia del Gobierno canario el 7 de mayo de ese mismo año. Grau –quien también alertó sin éxito al Tribunal de Cuentas– quería saber la cantidad total y el importe de los pedidos de las «mascarillas compradas» a Soluciones de Gestión, que por aquellas fechas ya había sido adjudicataria de contratos similares por parte del Ministerio de José Luis Ábalos (por medio de Puertos del Estado y ADIF, el administrador de infraestructuras ferroviarias).

El abogado zaragozano también inquirió en relación a las «razones por las que se efectuó» ese pedido «a una empresa desconocida en el ámbito de los suministros de material sanitario». Del mismo modo, instaba al Ejecutivo socialista de Torres a aclarar qué «persona o institución» había «recomendado» al Gobierno de Canarias comprar el material sanitario a este proveedor. Por último, preguntaba si el material suministrado "era defectuoso" y, en ese caso, si originó "algún tipo de quejas, devoluciones o sustitución de las mismas".

El 22 de abril del año anterior, el Servicio Canario de Salud, organismo adscrito a la Consejería de Sanidad del Ejecutivo insular, había adjudicado tres contratos a Soluciones de Gestión. El primero, para el suministro de 837.300 mascarillas KN95 y 555.000 mascarillas FFP2, por un importe de 2.095.018,50 euros (tras rebajarse el precio de la unidad porque la calidad del material era inferior al acordado). El segundo, por un montante de 447.061,74 euros, se desembolsó por los servicios de transporte y fletes aéreos y los correspondientes seguros. El tercero, de 4.775.500 euros, se correspondía con la adquisición de mascarillas protectoras FFP2.

Después, el 4 de mayo de 2020, el Servicio Canario de Salud adjudicó a la empresa de la supuesta trama un nuevo para el suministro de dos millones de mascarillas KN95 por cinco millones de euros.

Tras recibir la respuesta del Ejecutivo de Ángel Víctor Torres, el letrado remitió el 21 de julio otro escrito al presidente autonómico, hoy ministro del Gobierno de Pedro Sánchez, reiterando su solicitud de información "sobre los millones de mascarillas compradas por ese Gobierno Canario a la empresa zaragozana Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas".

El abogado vio una posible falsedad documental

Grau se quejaba de que desde Presidencia se le hubiese replicado que "no ha realizado pedidos, ni ha adquirido mascarillas sanitarias" a dicha sociedad -ahora en el epicentro de la "trama Koldo"-. Una resolución que calificaba de "falsaria" y que, según su criterio, "pudiera ser constitutiva de un delito de falsedad en documentos oficiales" a tenor de las informaciones que ya apuntaban a que el Gobierno de Canarias sí había contratado con esa mercantil por más de doce millones de euros.

El denunciante instó al Ejecutivo de Ángel Víctor Torres a que se revisasen "los contratos firmados por ese Gobierno, su Consejería de Sanidad o Salud, los organismos autónomos que pudieran existir con competencias en la materia", facilitándole "la información verdadera a la que tengo derecho, sin incurrir en nuevas falsedades en documentos oficiales, con la advertencia expresa de que si así no lo hacen, me veré obligado a interponer la denuncia correspondiente".

En el informe que la Guardia Civil realiza en septiembre de 2022 tras analizar la documentación remitida por el Servicio Canario de Salud dos meses antes, la UCO señala una seria de "carencias" en los expedientes.

Los agentes examinaron los archivos remitidos por Sebastián Fuentes, entonces director General de Recursos Económicos del departamento, pero en ellos no encontraron respuesta a la pregunta de "cómo se pactaron las condiciones de adjudicación" de los contratos. Tampoco se aportaron las "comunicaciones" entre el Servicio de Salud y Soluciones de Gestión, ni ningún documento que acreditara "cómo y de qué manera se gestionó el suministro de las mascarillas".

Las pegas de la UCO a los contratos en Canarias

El Ejecutivo canario, además, formalizó un contrato aparte de los otros tres solo para abonar los gastos de transporte del material, algo que extrañó a la Guardia Civil. El auto del informe, de hecho, concluía que "no se puede entrar a valorar si fue correcta la actuación del órgano de contratación al desligar el pago del transporte" del pago del suministro propiamente dicho, "sabiendo que Soluciones no es una empresa que se dedique al transporte de mercancía, sino que en este caso actuaría como un mero intermediario con la empresa que realmente realiza el transporte".

"Dado que se desconocen los pormenores del acuerdo" entre el Servicio Canario de Salud y Soluciones para el suministro y transporte de las mascarillas desde China hasta Tenerife -hacía hincapié la UCO- "no se puede concretar si el hecho de desligar el transporte del suministro y adjudicar ambos contratos a la misma empresa partió de la Administración o de la propia Soluciones".

El análisis policial también detectó en la ejecución de tercer contrato que, según recogía uno de los documentos aportados, "había mascarillas que no eran aptas para su uso como FFP2. De ahí que considere que, como se hizo en otros casos "con incidencias similares" (837.800 de las 2,7 millones de mascarillas suministradas en un primer momento se pagaron finalmente como mascarillas quirúrgicas al no reunir las condiciones acordadas), "habría que haber realizado una valoración de precios u otras medidas compensatorias para la Administración".