El Gobierno de Cataluña apunta otra vez al monumento a la Batalla del Ebro

En el verano de 2021 y en una fecha nada casual –el 18 de julio, 85 aniversario del comienzo de la Guerra Civil–, la Generalitat de Cataluña tenía todo listo para desmantelar el monumento a la Batalla del Ebro. Una decisión judicial paralizó entonces la actuación, pero el Govern no se da por vencido. La nueva Ley de Memoria Democrática de la comunidad, que será aprobada este martes en Barcelona como proyecto de ley, establecerá la eliminación de todos los monumentos franquistas del espacio público en Cataluña en un plazo de dos años, lo que incluiría el monolito de Tortosa [aunque ya fue despojado de toda referencia al régimen de Franco]. «El caso todavía está judicializado, pero esta nueva ley le dará al juez un marco jurídico para ordenar que sea retirado», según la consejera de Justicia del Govern, Gemma Ubasart.

Para erradicar estos vestigios primero se va a actualizar el Censo de Simbología Franquista de Cataluña, cuya última edición data de 2010, cuando se contabilizaron cerca de 4.000 símbolos de ese tipo en el territorio. Ubasart precisó que en esa lista entra el monolito de Tortosa en conmemoración de la Batalla del Ebro, que Justicia ya intentó quitar pero que permanece en su sitio debido a que un juez paró la orden de la Consejería, accediendo a las medidas cautelares de Corembe (Colectivo para la Reinterpretación del Monumento de la Batalla del Ebro), que se opone a la retirada.

Pero la defensa del conjunto memorial, que lleva en el lecho del río desde 1966, cobra ahora nuevos bríos. Corembe y la asociación Tortosinos por el Monumento han llegado a un acuerdo para presentar conjuntamente una lista electoral en las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. Socios y simpatizantes de ambas entidades han insistido en dar un paso adelante llevando su estrategia de conservación a la vía política, apostando por que la candidatura en una agrupación de electores «es la más indicada para defenderlo». Rubén Espuny, miembro de Tortosinos por el Monumento (nacido en 2016) y Corembe (2020), explica a LA RAZÓN que «vamos a hacer una candidatura transversal y nuestro principal objetivo no será otro que la protección del monumento, su rehabilitación e iluminación permanente, aunque esto no quiere decir que también haya otras propuestas para la ciudad». Porque, asegura, «aspiramos a ser un grupo municipal clave para el próximo mandato en el Ayuntamiento de Tortosa».

Alegan que el consistorio «se ha mostrado incapaz de respetar y ejecutar la voluntad mayoritaria de los tortosinos expresada en las urnas en el sentido de preservar y reinterpretar el monumento» [en 2016 una consulta popular respaldó con un 68% de votos que se conservara]. Su expectativa puede estar en lograr uno o dos concejales en un Pleno de 21 ediles que domina hoy Junts (7), junto con la marca local de Podemos, Movem Tortosa (5), ERC (4) y el PSC (3), completado por Cs (1) y la CUP (1) al que también optará Valents –partido constitucionalista de centroderecha– el 28-M.

Mientras, la licencia para las obras de retirada «sigue suspendida cautelarmente» con «varios procedimientos abiertos en una cuestión que está ‘sub iudice’ y parece ir para largo», confirma Alejandro Hernández, abogado de Corembe. El último paso ha sido «solicitar un informe oficial para poner en conocimiento del tribunal el valor artístico, arquitectónico y patrimonial del monumento».

Acerca de la nueva legislación en ciernes, Hernández dice «confiar en que haga excepciones conforme al artículo 46 de la Constitución, que obliga a las administraciones públicas a proteger el patrimonio cultural y artístico, máxime cuando al conjunto de Tortosa ya se le quitó toda simbología franquista» y, recuerda, «en 2016 los tortosinos mostraron un apoyo mayoritario a que se mantuviera».

La intención es seguir en la defensa de un monumento que «forma parte ya de la fisonomía local», porque «en caso de que la nueva Ley de Memoria Democrática del Govern no se atenga a las excepciones que marca la normativa, plantearíamos nuevas vías para impugnarla», advierte el letrado.