El Gobierno colisiona con Junts y señala que la obligación de atender al cliente en catalán solo será en Cataluña

Nuevo giro en el acuerdo entre Junts y el Gobierno con el que la formación liderada desde Waterloo pretende que los trabajadores de las grandes empresas obtengan nociones sobre el catalán para hablar con sus clientes en la lengua cooficial.

A diferencia de la versión expresada por los independentistas en el día de ayer, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha matizado que la normativa, en el caso de ser aprobada, será aplicada "solamente en los territorios donde las lenguas cooficiales sean reconocidas".

"Está en negociación y la voluntad es garantizar el uso de las lenguas cooficiales donde sean reconocidas como tales (y no en todo el territorio español)... Es normal y de sentido común. Confío en que la ley vea la luz cuanto antes", ha apostillado el ministro en los pasillos del Congreso de los Diputados.

Para respetar la legalidad vigente, el gerente de la cartera de Consumo, ha sacado a relucir la Carta Magna, donde su artículo número tres garantiza que los ciudadanos de las regiones con dos lenguas maternas "puedan usar y recibir información en sus propias lenguas en asuntos administrativos, educativos y culturales que involucren a sus respectivas comunidades". Según la versión de Junts, todas las empresas alojadas en España que cuenten con más de 250 trabajadores o realicen una facturación anual de más de 50 millones de euros, serán obligadas a realizar las comunicaciones en las lenguas cooficiales, si el cliente reclama en el inicio de la conversación que no se utilice el castellano.

Las grietas aumentan entre el Gobierno y Junts

El nuevo curso electoral ha alejado las posturas de Moncloa con las de sus socios independentistas. La semana pasada, la medida estrella de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, para reducir la jornada laboral hasta las 37.5 horas semanales, fue tumbada por los diputados de Junts, junto con los votos del Partido Popular y de Vox. Con un tono agresivo, la líder de Sumar, acusó a sus socios de ir contra los intereses de los trabajadores.

Fuera de la situación de Carles Puigdemont, que aguarda la fotografía con el presidente del Gobierno en su cuartel general, Junts ha cambiado su estrategia ante el trasvase de votantes a Alianza Catalana. Según los últimos sondeos, el partido de Silvia Orriols superaría la decena de representantes en el Parlament, lo que pondría en jaque la estabilidad del próximo gobierno de la Generalitat.

De la misma manera, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, se ha abierto a negociar con Junts una moción de censura para derrocar al presidente del Gobierno y acudir a las urnas. Pese a la proposición, sería el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el nuevo presidente del Gobierno, si la moción de censura obtuviese la mayoría absoluta.