El Gobierno concederá escolta a Puigdemont tras negársela antes

Carles Puigdemont volverá a tener escolta oficial. La había reclamado por carta al conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ante el aumento de la «peligrosidad y el riesgo hacia su persona» detectado «desde hace algunas semanas». La petición había sido contestada reiteradamente de forma negativa por parte del Gobierno de España, el competente para resolver esta cuestión, al estar Bélgica fuera de la jurisdicción de los Mossos d’Esquadra. Y es que para actuar fuera del territorio español y para poder prestar un servicio de escoltas en el país requieren de la autorización del Ministerio de Interior que, hasta ahora, siempre la ha rechazado.

Pero ayer, el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, aseguró finalmente que Interior tramitará la petición del expresidente catalán: «Nadie cuestiona la seguridad de las personas, por muchas diferencias ideológicas que pueda haber», aseguró. Eso sí, desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska han precisado que será la Generalitat la que decida si el líder de Junts cumple con los «criterios técnico-policiales» para contar protección policial y que si la petición de escolta afecta a otro país, como por ejemplo Bélgica, donde reside Puigdemont desde que se fugó de España, sería este país el que tendría que autorizar o no la entrada de agentes que ejerzan de escoltas.

Por su parte, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, consideró que Bolaños había reconocido «por primera vez» que debe encontrarse una solución para la seguridad del también eurodiputado de Junts. Así, celebró las palabras del ministro de la Presidencia porque, en su opinión, suponen un cambio «después de tanto tiempo y de tantas negativas, también durante los mandatos de Miquel Buch y Miquel Sàmper», informa Efe. «Por primera vez son conscientes o parece que ven claro que hay que encontrar una solución a su seguridad, y más teniendo en cuenta el clima generado fruto de la investidura de Pedro Sánchez», destacó. Según Plaja, desde la Conselleria de Interior se están haciendo todas las gestiones necesarias con el ministerio del ramo en relación a esta cuestión, porque las competencias son suyas.

«Puigdemont desde hace seis años tiene derecho y debería haber tenido un servicio de escolta, pero el Gobierno se lo ha negado siempre», recalcó la portavoz del Govern, tras añadir que espera que le aprueben este servicio lo antes posible.

Ante las manifestaciones y protestas de estos últimos días en Madrid, Patrícia Plaja ha querido diferenciar entre las personas que se manifiestan y las que buscan «la violencia». «Se han visto gritos nazis, franquistas, y gritos que en otros países de Europa seguro que provocarían un rechazo absolutamente generalizado por parte de todo el panorama político. Aquí hay quien lo acepta e incluso intenta blanquearlo», lamentó. Así, considera que «la derecha más reaccionaria» está activando todos sus mecanismos para atacar al Gobierno e intentar parar los acuerdos del PSOE con los independentistas, según ella. «Al final la amnistía sólo es una excusa para incendiar las calles y para seguir echando gasolina al anticatalanismo», zanjó.

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, recalcó que lo que tienen que hacer las fuerzas de seguridad es detener al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, por ser un «prófugo» de la Justicia, y no ponerle escolta para protegerle. «Pero el problema es que Pedro Sánchez está dispuesto a pasar por todo aquello que le pida», se lamentó.

Mientras, la portavoz de Ciudadanos (CS) en el Parlament, Anna Grau, recordó que hay un exconseller de Interior –Miquel Buch– condenado a cuatro años de prisión por querer poner escolta al expresidente Carles Puigdemont mientras reside en Bélgica. Grau lamentó, en rueda de prensa, la posibilidad de que Puigdemont pueda tener escolta «cuando aún es un prófugo de la justicia». La portavoz de Ciudadanos advirtió de que «esta especie de bodrio que es la ley de amnistía aún no ha sido aprobada ni ha entrado en vigor, por lo que técnicamente Puigdemont sigue siendo todavía un prófugo».