El Gobierno convierte la cafetería del funicular de Cuelgamuros en sala de reuniones para su comisión interministerial

La antigua cafetería del funicular del recinto del tradicionalmente conocido como Valle de los Caídos ha sido remodelada para acoger una reunión de la comisión interministerial para la resignificación de Cuelgamuros que tendrá lugar hoy, lunes, cuando sus miembros van a visitar además las criptas de la basílica. Se da la circunstancia de que los trabajos forenses en el interior están detenidos por una resolución judicial desde el pasado 7 de enero, de manera que será una visita al estilo golpe de efecto como la que hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 4 de abril, recién aterrizado después de un viaje a Qatar.

Según asegura a LA RAZÓN Pablo Linares, presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC), las obras han consistido en la erradicación del bar anexo al funicular, cerrado en 2019. Hasta el sábado 21 de septiembre estuvieron trabajando allí los últimos profesionales en tareas de pintura, «muy aleccionados para que nadie entrara», según estas fuentes, después de que se hubiera echado abajo la estructura de la barra y demás instalaciones hosteleras, «eliminando recursos futuros», lamenta Linares, «en caso de que hubiera sido factible reutilizar el establecimiento en otro momento».

El último contrato en vigor expiró poco antes de la pandemia y desde entonces no ha salido a concurso el local, que ha estado en completo abandono hasta este momento, «cuando se ha dejado en perfecto estado de revista, incluida una limpieza exhaustiva».

El exterior sigue siendo acristalado, pero dentro se ha compartimentado el espacio para habilitar una gran sala de reuniones, en la que se ha colocado una mesa alargada con 12 sillas para la cita de esta comisión que el Gobierno constituyó el pasado 2 de julio y que tiene el objetivo de impulsar y coordinar las medidas para la transformación de Cuelgamuros en un centro de interpretación.

La comisión, que está previsto que se reúna una vez al mes (no lo hizo en agosto), está presidida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la integran los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que ejerce de vicepresidente; la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; y la presidenta del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva Fernández. Ejerce la secretaría de la comisión el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez.

Junto a la mesa para que se ubiquen los asistentes se ha dispuesto otra bajo los ventanales –con cristales biselados también de nueva factura, para procurar intimidad desde el exterior– donde se han colocado tazas, vasos y menaje para un desayuno que, según las mismas fuentes, será servido por una reconocida firma de catering desde Madrid.

Está previsto que los presentes visiten la basílica y las criptas junto al equipo forense, pero también el embalse del Boquerón –que da servicio al recinto y explica la presencia de Teresa Ribera en el equipo interministerial– y el mirador.

En opinión de Pablo Linares, «una vez perdido el comodín de Franco, el Gobierno vuelve a usar el comodín del Valle de los Caídos para distraer la atención y no ocuparse de lo verdaderamente importante». «Vienen a hacerse la foto, como Sánchez», asegura el responsable de la ADVC, que tiene un litigio abierto contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid con el objetivo de la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de Cuelgamuros.

En cuanto al bar desaparecido, cuando dejó de funcionar, desde Patrimonio Nacional se adujo que fue la propia empresa concesionaria la que renunció al local, pero las mismas fuentes señalan que se les habría obligado a terminar con el negocio cuando se cerró el funicular –al no permitirse la entrada a la base de la cruz por supuestas razones de seguridad–, pese a que el establecimiento hostelero «seguía siendo accesible y, desde luego, operativo».