El Gobierno "deja tirados" a los guardias civiles ante la ofensiva del BNG para echarles de Galicia

Ya lo dejó claro en su programa electoral. El Bloque Nacionalista Galego (BNG) quiere una "Policía gallega integral" y expulsar así a policías nacionales y a guardias civiles. Para ello plantea la "progresiva sustitución" de estos agentes "en sus funciones de policía judicial, de tráfico, seguridad ciudadana y orden público, y policía administrativa". Funciones que serían asumidas por esa "nueva" Policía autonómica.

Y aunque la formación se esmeró en "desmentirlo" en plena campaña electoral, su programa electoral revelaba sus verdaderas intenciones. Tanto es así, que hasta tenía previsto impulsar la aprobación en el Congreso de los Diputados de una "Proposición de Ley Orgánica de transferencia de las competencias en materia de transito y seguridad vial". Porque su objetivo no es otro, y así lo apuntaban desde la oposición, que conseguir una suerte de Mossos d'Esquadra o Ertzaintza a la gallega.

Pues bien, llevada esta cuestión a la Cámara Baja, la de expulsar a la Guardia Civil de Galicia y su sustitución por una Policía autonómica, la respuesta del Ejecutivo se antoja ambigua. En concreto, es Vox quien pregunta al Ejecutivo por su opinión acerca de esta propuesta del BNG y si tiene pensado "defender la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" en esta autonomía. Lejos de resolver las dudas, el Gobierno sostiene en su respuesta parlamentaria que "no puede valorar la voluntad política del despliegue de un cuerpo policial autonómico en la Comunidad Autónoma de Galicia, teniendo en cuenta que la Constitución española ampara ese derecho, siempre que así lo recoja su Estatuto de Autonomía".

"Robo" de competencias en Cataluña o Navarra

Llegados a este punto y, tras dejar clara la viabilidad de una Policía gallega, surgen los "matices". Desde el Ejecutivo de Sánchez aprovechan para salir al paso de las acusaciones de "abandono" de la Guardia Civil y del "robo" de competencias en el País Vasco, Cataluña o Navarra y aseguran que "continúa desempeñando sus funciones con una organización adecuada y adaptada a las necesidades de seguridad de dicha comunidad autónoma, manteniendo su firme compromiso con un servicio de calidad, basado en la proximidad al ciudadano y la garantía de una respuesta rápida y eficaz, manteniendo a tal fin una estrecha colaboración y coordinación con otros cuerpos policiales y organismos y velando por la protección de los derechos y las libertades de la ciudadanía".

Una respuesta manida y de manual, a la que se suma el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, y que no convence a los agentes, como así demuestran las múltiples manifestaciones por la pérdida de competencias en varias regiones de España. Pero el Gobierno insiste ante las críticas: "La Guardia Civil continúa ofreciendo sus servicios a los ciudadanos y desempeñando sus funciones en comunidades autónomas que disponen de cuerpos policiales autonómicos".

Una visión que dista mucho de la ofrecida por los agentes, que denuncian la pérdida de competencias por la cesión del Ejecutivo a las ansias de sus socios independentistas. Así, denuncian que el Gobierno sigue "un patrón recurrente". Tras la tragedia de la DANA en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, los guardias civiles fueron "relegados de sus competencias en seguridad ciudadana" en las poblaciones afectadas, pese a ser este Cuerpo quien ostenta las competencias en esas ciudades.

Polémica es también la pérdida de las competencias de Tráfico en Navarra o de Puertos y Aeropuertos en el País Vasco, en este caso en favor de la Ertzaintza. Hay que recordar que en pleno puente de diciembre del año pasado, Pedro Sánchez ponía su rúbrica al servicio de EH Bildu y ratificaba, a través del Boletín Oficial del Estado (BOE), la expulsión de los guardias civiles de Tráfico de Navarra. En el caso de Cataluña, los agentes denuncian que "la expulsión de la Guardia Civil lleva años en marcha", con la "reducción de efectivos" o su exclusión en áreas clave como la fiscal, puertos, aeropuertos, seguridad marítima y Seprona.