El Gobierno de Pedro Sánchez ha licitado para el Ministerio de Hacienda, encabezado por María Jesús Montero, varias partidas presupuestarias que serán regentadas por empresas privadas para evaluar el impacto de las campañas publicitarias del Ejecutivo.

En este sentido, el PSOE ha registrado en el BOE la documentación necesaria para vender los servicios y gracias a una Memoria Justificativa se desgranan las justificaciones y la cuantía destinada que con la aproximación firmada por la subdirectora general de gestión presupuestaria se sitúa en 1.342.660.000 millones de euros.

El documento al que ha tenido acceso LA RAZÓN, desgrana la partida presupuestaria que se engloba entre los años 2025 y 2027. Con un balance de 122 estudios metodológicos con diferentes técnicas, el presupuesto base de licitación supera los 610.000 euros. A esto se le deben sumar las modificaciones previstas y las prórrogas eventuales. Cabe recordar, que no ha sido incluido el IVA, por tanto, los números globales podrían encuadrarse en una cifra que supera los 1.7 millones de euros.

Además, en el contrato que no ha encontrado un responsable, se indica que "dada la importancia en el cumplimiento de los plazos se ha incluido en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de que el órgano de contratación pueda imponer una penalización de 100,00 € por cada día de demora en la entrega del estudio". De la misma manera la empresa que reciba la licitación del contrato podría recibir una cuantía similar por cada día de retraso en el trabajo de campo.

Las excepciones del contrato del PSOE

Fuera de los números, la empresa que obtenga la licitación se encargará de diversas tareas encuadras en la evaluación de las campañas, la preparación de los medios técnicos necesarios antes de comenzar los estudios, la propia ejecución del estudio o la elaboración del informe de cada campaña institucional.

Según alega el Ministerio de Hacienda en su Memoria Justificativa, quedan excluidas las campañas desarrolladas por el Gobierno que cuenten con un "carácter industrial, comercial o mercantil" que desarrollan las entidades del sector público, así como las actividades regidas por la normativa de la Unión Europea cuyo ámbito de difusión sea internacional. Además quedan exentas del estudio, las campañas encuadradas en el proceso electoral que informan a la ciudadanía.

Aunque la licitación no se encuentre cerrada para ninguna empresa, quedaría en entredicho el contrato en el caso de que se produzca un relevo en la Moncloa antes de que finalice la actividad de la institución beneficiaria en el año 2027.