Negociación

El Gobierno, dispuesto a llevar hasta la Justicia europea la última cesión a Junts

El ministro Albares no descarta elevar la oficialidad del catalán en las instituciones europeas hasta el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE)

Brussels (Belgium), 19/09/2024.- Spanish Foreign Minister Jose Manuel Albares speaks with the media representatives outside the European Commission following a meeting with EU Vice President Maros Sefcovic, British Foreign Secretary David Lammy, and Gibraltar Chief Minister Fabian Picardo on Brexit and Gibraltar, in Brussels, Belgium, 19 September 2024. (Bélgica, Bruselas) EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS
Spanish Foreign Minister Jose Manuel Albares in Brussels for a meeting on Brexit and Gibraltar OLIVIER MATTHYSAgencia EFE

El Gobierno se deshace en gestos hacia sus socios de Junts, con la intención de atraerles de nuevo a la senda del acuerdo presupuestario. Después de que la pasada semana el Ejecutivo decidiera dar marcha atrás en la votación del techo de gasto en el Congreso de los Diputados, desde Moncloa se ha desempolvado el catálogo de compromisos pendientes de cumplimiento para trasladar su vocación de satisfacer las exigencias de los independentistas. Todo ello, más allá del ámbito económico.

Sin aterrizar todavía una propuesta sobre el déficit, después de que los de Carles Puigdemont demanden un tercio del total para las comunidades, en Moncloa han lanzado otros guiños, recuperando cuestiones como el uso del catalán en las instituciones europeas o la reactivación de comisiones de investigación pendientes en el Congreso de los Diputados sobre la llamada "operación Cataluña" o los atentados del 17 de agosto.

Dentro de estas apuestas se ubica la "internacionalización de la causa catalana". Uno de los hitos que persigue Junts es que el catalán sea lengua oficial en Europa. Esta fue una de las banderas de su campaña a las elecciones europeas. En plena reconducción de las relaciones entre el Gobierno y la formación de Carles Puigdemont, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se está empleando a fondo.

Si la semana pasada volvía insistir por tercera vez y por carta a la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, para pedirle que se apruebe el uso de catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales en el Parlamento Europeo, asegurando que se trata de un "asunto prioritario para España"; esta vez, esta prioridad se demuestra con su intención, incluso, de llevar la situación hasta las últimas consecuencias judiciales.

El Gobierno no descarta llevar al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego de no ser posible conseguir la unanimidad de los Veintisiete para que esto ocurra. Así lo ha confirmado el ministro de Exteriores, en una entrevista en Catalunya Radio, donde aseguró que lo único que impide la inclusión de las tres lenguas cooficiales en el régimen lingüístico de la UE es una "reticencia política" de aquellos países gobernados por el Partido Popular Europeo en coalición con la extrema derecha. De ahí su petición reiterada al PP para que ayude en Europa a conseguir este objetivo.

"Pero independientemente, con PP o sin PP, yo estoy seguro que lo consolidaremos y si no yo estoy dispuesto a llegar al Tribunal Europeo de Justicia si hiciera falta", avanzó el ministro, que sin embargo reconoció que "todavía estamos lejos de eso". Pero, si fuera necesario, insistió, "acudiríamos al Tribunal Europeo de Justicia porque al final se trata de introducir esas lenguas en los tratados", los cuales, según recordó, "establecen el multilingüismo como un objetivo y un valor a defender por la Unión Europea".

A juicio de Albares, "no hay obstáculos reales" para que el resto de socios den luz verde a la oficialidad de catalán, euskera y gallego, solicitada por el Gobierno al Consejo de la UE en agosto de 2023 en el marco del acuerdo con Junts de cara a la nueva legislatura. En este sentido, subrayó que no hay problema de traductores, puesto que ya existen y con las nuevas tecnologías sería "algo muy fácil", tampoco con el coste, "porque España está dispuesto a asumirlo".

Tampoco se puede temer que siente un precedente, defendió, dado que se han introducido toda una serie de condicionalidades que solo cumple España como que las lenguas estén en la Constitución, se usen en el Parlamento nacional o que existan acuerdos administrativos con las instituciones europeas. "Por lo tanto, todo el mundo puede estar muy tranquilo y si la negociación es política nosotros revisaremos aquello también en lo que otros estados necesitan nuestra ayuda para decirles que no se puede pedir nuestra ayuda cuando no se ayuda a España en algo tan vital, tan nuclear, tan importante, tan existencial como es nuestra identidad nacional, que es plurilingüe", zanjó.