Memoria Histórica

El Gobierno ha gastado 153.000 euros en censos de Memoria desde 2018

Castilla y León, Canarias, Madrid y Andalucía fueron las comunidades beneficiarias

Fosa del cementerio de San Fernando (Cádiz), donde este verano se encontraron los restos de Cayetano Roldán, alcalde de la localidad fusilado en 1936
Fosa del cementerio de San Fernando (Cádiz), donde este verano se encontraron los restos de Cayetano Roldán, alcalde de la localidad fusilado en 1936AMEDE EFE

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha desembolsado un total de 153.114,62 euros en censos de la Guerra Civil y del franquismo en el periodo 2018-2022, según una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

El dato lo ha facilitado el Gobierno después de una petición del abogado Guillermo Rocafort que data del 9 de enero, reiterada por el CTBG por reclamación del interesado el 9 de febrero, y que ha tenido respuesta el pasado 19 de septiembre, después de que en un primer momento desde el Ejecutivo contestaran que se inadmitía porque «supondría una reelaboración» y remitieran a un único contrato menor. Transparencia recordó que se debía «conceder el acceso a la información salvo causa de inadmisión» o «en aplicación de un límite legal».

Según la información ya aportada, el mayor importe fue en 2002 para Castilla y León, por valor de 75.000 euros –para la ampliación del catálogo de lugares de Memoria Democrática y del censo de víctimas–; Canarias, en 2021 –con destino a trabajos de actualización del mapa de fosas en relación a la lista de desaparecidos en la Guerra Civil en las islas– y un coste de 14.970 euros; el estudio de localización y trabajos de actualización en la misma categoría, por importe de 14.900 euros, junto a otro proyecto de investigación y localización de víctimas de Canarias dentro y fuera del Archipiélago que asciende a 3.956,14. Y, en 2022, por el mismo concepto y un coste de 5.386,48 euros también en Canarias.

A continuación sigue la Comunidad de Madrid, con dos partidas de 11.902 (en 2020) y 10.000 (2021) a la Fundación Largo Caballero, para llevar a cabo el censo unificado de represaliados de la Unión General de Trabajadores (UGT) durante el franquismo. Y cierra la relación Andalucía, donde en 2021 hubo dos entregas: una de 12.000 euros –para complementar las entradas existentes y aumentar con nuevas la base de datos «Todos los nombres» sobre víctimas de la represión del franquismo en la propia Andalucía, Extremadura y el norte de África (1936-1982)– y otra de 5.000 euros que se destinó a la edición del libro «La represión en la costa granadina. Historia, censos y relatos (1936-1954)», de Juan Hidalgo Cámara.

Según las explicaciones que rubrica el director general de Memoria Democrática, Diego Blázquez, «se otorga información sistematizada sobre la financiación de los censos a través de subvenciones de concurrencia competitiva y créditos gestionados por las comunidades autónomas y transferidos por Conferencia Sectorial», y es la «única información que obra en poder de este centro directivo, sin perjuicio de la existencia de otros proyectos financiados por otras administraciones públicas o a través de proyectos de investigación».

Respecto a periodos anteriores, el interesado apunta que el Estado «se había gastado 3 millones de euros hasta 2011» en «censos de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo», según la web de La Moncloa. En concreto, desde 2006, «año desde el que se vienen concediendo subvenciones para proyectos relacionados con la memoria histórica, se han concedido un total de 24,7 millones de euros, de los que 7,8 (el 31,5%) corresponde a proyectos de fosas. Le siguen las actividades relacionadas con testimonios orales y/o escritos (3,3 millones), archivos y censos (2,9 millones) y documentales (2 millones)».