El Gobierno sobre la ilegalización de la Fundación Franco: “Lo que hacemos es extinguirla”

La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) ha cambiado dos veces sus estatutos para intentar evitar problemas con la Ley de Memoria Histórica, primero, y la norma aprobada en octubre de 2022 que ampliaba los supuestos de la anterior. Pero el objetivo del Gobierno es claro desde hace tiempo, y Ángel Víctor Torres, ministro de Memoria Democrática ha asegurado hoy que la entidad se encuentra en sus "últimos días", aunque ha matizado las intenciones del Ejecutivo explicando que no pretenden ilegalizarla sino "extinguirla". “Si una fundación rememora y vanagloria a alguien que fue un represor, no tiene ningún sentido en una democracia", ha asegurado.

Preguntado en la Ser por si son los últimos días de la Fundación Franco, Torres ha respondido con un “sí” tajante, aunque no ha concretado plazos ni el medio para conseguirlo.

La FNFF adaptó en 2018 sus estatutos a la Ley de Fundaciones "para evitar las posibles sanciones que pudieran venir por incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica", cuando se hizo hincapié en el afán divulgativo de la fundación, según explicó entonces a LA RAZÓN su presidente ejecutivo, Juan Chicharro.

En un segundo retoque, la FNFF dejó claro el año pasado por escrito que “velará en todo caso por el máximo respeto a las víctimas de cualquier significación del periodo de la historia de España comprendido entre 1931 y 1977, evitando siempre el menosprecio, descrédito o humillación a ellas o a sus familiares”. Una vez más para eludir la acción de la Ley de Memoria Democrática y manifestar el expreso deseo de “solo contar el relato histórico”.

El año pasado, el Ejecutivo intentó ilegalizar la entidad mediante un real decreto aprobado en el Consejo de Ministros del 30 de junio que contemplaba la modificación de la Ley de Fundaciones con un nuevo artículo, el 32 bis, de extinción judicial a instancia del Protectorado de Fundaciones, organismo estatal del que depende la FNFF.

Según afirma Chicharro, “Torres no ha dicho cómo va a violentar el artículo 22 de la Constitución española, donde se regula el derecho a la asociación. Para ello tendrá primero que reformar la ley e incluir las causas de extinción que la disposición adicional séptima que la Ley de Memoria Democrática establece”.

El presidente de la FNFF recuerda que “tras la última modificación de sus estatutos se puede leer perfectamente cómo se ajustan a la ley", por lo que augura "una dura lucha en los tribunales”.