El Gobierno inicia el plan para incluir el aborto en la Constitución

Pedro Sánchez mantiene su propósito de agotar la legislatura. Y, por eso, redobla su ofensiva ideológica, con la que quiere movilizar, en la medida de lo posible, al electorado progresista en busca de todo el voto útil.

El presidente quiere estirar al máximo su mandato -repite hasta la saciedad que 2027 es la meta-. Por eso, el líder socialista ha acelerado la actividad del Ejecutivo para marcar la agenda política con nuevas iniciativas que provoquen un airado debate y una polarización de las posturas políticas. Entre ellas, el Consejo de Ministros ha dado este lunes el primer paso para reformar la Constitución e incluir en ella el derecho al aborto.

El PSOE y Sumar han cerrado un texto conjunto que, según fuentes gubernamentales, será remitido al Consejo de Estado antes de llegar a las Cortes, donde el PP ya ha adelantado su rechazo. Pese a tratarse de una reforma constitucional -en concreto del artículo 43-, su eventual aprobación no implicaría disolver las Cortes ni convocar elecciones anticipadas, por la vía de reforma planteada.

La Moncloa impulsa este cambio a través del artículo 167 de la Carta Magna, el procedimiento conocido como “reforma ordinaria”, el mismo que se empleó en las modificaciones de los artículos 135 y 49, ambas pactadas entre el PSOE y el PP. Este artículo requiere el respaldo de tres quintos de Congreso y Senado, y permite que, si lo solicita al menos una décima parte de los miembros de alguna de las cámaras legislativas, el texto se someta a referéndum en los quince días siguientes a su aprobación. A diferencia del artículo 168, que regula las reformas de mayor calado, el 167 no contempla la disolución de las Cortes.

La propuesta añade un nuevo apartado al artículo 43, dentro del Título I de la Constitución, dedicado a los derechos y deberes fundamentales. El texto prevé incorporar un punto cuarto con esta redacción: “Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres".

Moncloa sigue alertando de la "ola reaccionaria". Y explica que esta propuesta de reforma se debe a esa amenaza: "Esta ola reaccionaria pretende devolver a las mujeres, que somos el sujeto y el objeto de todos los recortes de derechos, a situaciones pasadas y momentos que ya hemos superado", ha dicho la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Fuentes del Gobierno reconocen que se trata de un texto “sensible”, fruto de una negociación compleja entre los socios de coalición, ya que Sumar presionó al PSOE para dotar la reforma de una mayor ambición política y simbólica.

El Gobierno, además, ha intensificado su ataque a la Comunidad de Madrid, a cuya presidenta -Isabel Díaz Ayuso- lleva varias semanas señalando por no incluir un registro de médicos objetores del aborto.

Por eso, el Ejecutivo ha vuelto a exigir a Madrid que cumpla la ley. La ministra de Sanidad, Mónica García, se ha dirigido directamente a la presidenta: "Se cree que está por encima de la ley. Le recomiendo que recoja cable y que abandone su cruzada contra las mujeres".