El Gobierno lleva una década sin actualizar el protocolo de menas

El Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska no ha actualizado el protocolo de actuación con menores extranjeros no acompañados, a pesar de que la cifra de este colectivo se ha duplicado desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. Este procedimiento se prolonga durante varias horas y deja dudas sobre la procedencia y edad de estos jóvenes, según informan fuentes policiales a LA RAZÓN.

El marco de actuación que tienen los agentes de la Policía Nacional fue establecido por la Secretaría de Estado de Seguridad en el año 2017. En esa fecha, el Ministerio del Interior se vio obligado a replantear los mecanismos por el aumento de las llegadas de estos adolescentes.

Y es que en 2016, en España se registraron un total de 3.997 menores no acompañados pero la cifra casi se duplicó un año después con 6.414 jóvenes. Fue en ese momento cuando se decidió dar el paso de establecer un protocolo para los agentes que son el primer eslabón de este colectivo.

No obstante, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha tomado ninguna medida desde esa fecha. Cabe reseñar que desde que el presidente al Consejo de Ministros la cifra se ha disparado. Según los últimos datos, de agosto de 2015, se estima que hay en nuestro país 18.967 menores y jóvenes extutelados. Un 140% más que en 2021.

A pesar de este aluvión de llegada, el protocolo de actuación no se ha modificado. Esta instrucción unifica los criterios para el correcto desempeño de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Unas órdenes que tiene que llevar a cabo los agentes desde el primer momento en el que localizan al menor.

El primero de los pasos es comunicar a la mayor brevedad a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, a la Delegación o Subdelegación del Gobierno y al Ministerio Fiscal. Si la minoría de edad es indubitada el proceso se acelera. Tienen que realizar las diligencias de reseña, se comprueba e inscribe en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA) si no lo estuviera, y se hace entrega inmediata del menor a la entidad pública de protección de menores.

Los mecanismos para identificar a los menas

Las complicaciones vienen derivadas si la minoría de edad no puede establecerse con seguridad. La Brigada de Extranjería y Fronteras obtiene la reseña completa (decadactilar y fotográfica), consulta el RMENA y comunica la situación al Ministerio Fiscal, que es la autoridad competente para autorizar las pruebas médicas de determinación de edad. Después, se le asigna un Número de Identidad de Extranjero (NIE) al menor una vez inscrito.

"Es el primer eslabón de una cadena coordinada de actuaciones en la que participan los servicios de protección de menores, el Ministerio Fiscal y las Delegaciones/Subdelegaciones del Gobierno, siempre bajo el principio rector de la protección y el interés superior del menor", remarcan fuentes policiales a LA RAZÓN.

Si este protocolo ha quedado desfasado con el paso del tiempo, el marco legal general es aún más antiguo. La normativa de estos menores se remonta a la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. "Será el Fiscal quien ordene la realización de las pruebas necesarias para determinar la edad", expone la normativa.

Una vez confirmada la minoría de edad, el joven es puesto a disposición de los servicios de protección de la Comunidad Autónoma correspondiente. Sin embargo, cualquier procedimiento, como la repatriación, debe guiarse por el "principio de interés superior del menor", requiere informes de los servicios de protección y del Ministerio Fiscal, y la audiencia del propio menor si tuviera juicio suficiente.

Esta normativa fue desarrollada una década después en el Real Decreto 557/2011. En el texto se establece que la "autorización de residencia" del menor se le concede durante un periodo de 90 días desde su puesta a disposición de los servicios de protección, no haya sido posible su repatriación. También se creó un Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA), ubicado en la Dirección General de la Policía y coordinado por la Fiscalía General del Estado. Su finalidad es exclusivamente la identificación, localización y protección del menor.

Falta de acción del Gobierno

Al ser preguntados sobre este aspecto, el sindicato Jupol reconoce que existe una "falta total de acción" del Gobierno. Una ausencia de actualización que ya no responde a "realidad social ni a los restos de seguridad" que afronta España en la actualidad.

"Resulta paradójico que el Ejecutivo se vanaglorie públicamente de su supuesta preocupación por la situación de los menas y por la necesidad de garantizar su protección, cuando en realidad no ha aprobado ni un solo protocolo nuevo ni ha revisado las instrucciones existentes. Se trata, en definitiva, de un discurso vacío de contenido que no se ha traducido en medidas reales ni en herramientas de trabajo para los agentes que afrontan esta problemática en primera línea", lamentan.

Esta circunstancia genera inseguridad jurídica en la actuación de los policías nacional y también aumenta la vulnerabilidad de los propios menores y de la ciudadanía en general. Este sindicato lleva reclamando desde hace tiempo que se reforme la Ley del Menor que ha quedado obsoleta y que se impulse la firma de acuerdos de readmisión automática con los países de origen y tránsito de la inmigración irregular.