El Gobierno maniobra para maquillar los datos de criminalidad de Cataluña

La Delegación del Gobierno en Cataluña ha ordenado a los agentes de la Policía Nacional que solo realicen las propuestas de sanción más graves y relevantes sobre la tenencia de armas blancas y el consumo de sustancias estupefacientes. Una solicitud que tiene como excusa el formato de las actas pero que escondería la capacidad de "maquillar" las cifras de delincuencia en la región, según critican fuentes policiales a LA RAZÓN.

Con todo ello, los datos de criminalidad de Cataluña han mejorado en el segundo semestre de este año, según las informaciones del Ministerio del Interior. A pesar de ello, hay dos delitos que siguen preocupando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la región: el tráfico de drogas y la tenencia de armas blancas.

En líneas generales, la criminalidad convencional se ha reducido en un 3,4% en el segundo semestre de 2024 en Cataluña. También el total de las infracciones penales ha sufrido un descenso del 4,5%. Sin embargo, las cifras del tráfico de drogas sitúan a esta región como la que cuenta con más delincuentes de este tipo de toda España.

Los indicadores de seguridad del departamento de Fernando Grande-Marlaska cifran en 2.657 los casos de narcotráfico en la región. En el mismo periodo de 2024, los datos se establecieron en 2.450. El porcentaje de aumento es de un 8,4% y el total global posiciona a Cataluña en la primera posición de toda España en este ranking.

Por otra parte, la otra cuestión relevante es la tenencia de armas blanca. Sobre esta problemática, los Mossos d’Esquadra requisaron 31 armas al día durante el año pasado. Este trabajo es fruto del dispositivo Daga. Los apuñalamientos se han vuelto a la orden del día y los agentes buscan atajar las reyertas.

Aún así, las cifras son demoledoras. En 2024, los Mossos intervinieron 11.453 armas blancas en las calles. Es un 14% más que en 2023, cuando las cifras se situaban en 9.180 machetes, cuchillo o herramientas cortantes.

Con estos dos problemas al alza en Cataluña, la Subdelegación del Gobierno en Barcelona se ha puesto en contacto con los mandos policiales para advertirles de que las actas de la Ley 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana no tienen el formato que les gusta y que van a enviar en breve nuevas consignas. Unos requerimientos que aún no han llegado.

Un "maquillaje" de las cifras

Esta petición venía acompañada de la recomendación para los agentes de que solo realizaran las propuestas para sanción más graves y relevantes. Es decir, intervenciones en las que los protagonistas casi rozan el delito.

No obstante, los policías sí que pueden seguir realizando las gestiones de identificación de los sujetos sospechosos. Estas órdenes no han sentado nada bien a los mandos de las FSE en Cataluña que perciben este movimiento como un intento de "maquillar" las cifras de delincuencia.

"A menos propuestas para sanción menos delitos en la región", sugiere uno de estos efectivos de la Policía Nacional. Estas actas se trasladan directamente a la Delegación del Gobierno, que son los encargados de estudiarlas y de proponer, o no, para sanción a los ciudadanos.

Cataluña se ha vuelto uno de los epicentro del narcotráfico en los últimos meses. La presión policial en puntos como Algeciras o Valencia ha provocado que los contenedores con cocaína hayan fijado su destino en el Puerto de Barcelona. La ciudad se ha vuelto un nicho de las mafias de las drogas que buscan sacar provecho de la situación.

El objetivo de estas organizaciones criminales es encontrar un "salvoconducto" para poder transportar la sustancia estupefaciente a otros puntos de Europa con camiones. El verdadero negocio de la droga está en Alemania o Francia donde los precios están disparados.

Las competencias en Cataluña

No obstante, el excedente de una buena parte de los kilos acaba en las calles de España gracias al "menudeo". Esto ha provocado que se ha reducido a la mitad el kilo de cocaína en nuestro país. El precio ronda los 15.000 kilos dependiendo del comprador y los intermediarios.

Esta "recomendación" del Ejecutivo tiene poca influencia eso sí en Policía Nacional y Guardia Civil ya que ambos cuerpos tienen cada vez menos competencia en la región debido a las cesiones del Gobierno de Pedro Sánchez. Las intervenciones en materia de seguridad ciudadana son de los Mossos y los cuerpos locales.

No obstante, uno de los puntos con más identificaciones y sanciones es el paso de La Junquera. Esta localidad, que es frontera, cuenta, día sí y día también, con la presencia de los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP). Son los encargados de vigilar la seguridad de la zona y de revisar e identificar a los sujetos que circulan por la carretera.