El Gobierno nombra a Dolores Delgado fiscal de Memoria Democrática y DDHH

El Consejo de Ministros ha acordado hoy el nombramiento de la ex fiscal general del EstadoDolores Delgado como nueva fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, accediendo así a la propuesta realizada por su sucesor en el cargo, Álvaro García Ortiz. El movimiento se produce sin que la oposición de la mayoría del Consejo Fiscal, que ha advertido de que podría tratarse de un nombramiento nulo, haya supuesto obstáculo alguno.

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha confirmado el nombramiento en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a preguntas de los periodistas, ya que en su intervención inicial no se ha referido al asunto. Interpelada específicamente por la cuestión, Rodríguez ha reivindicando que el procedimiento ha sido "absolutamente transparente", porque tanto las bases como la concurrencia a esta convocatoria de plazas en la Fiscalía se han publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Rodríguez también ha querido puntualizar que dicha designación "no supone un ascenso" para Delgado, dado que ya ascendió a la máxima categoría -la de fiscal de sala- el pasado septiembre, también por decisión de García y Ortiz y en contra de la mayoría del Consejo Fiscal, que apoyó a otro candidato. Asimismo, desde el Ejecutivo defienden que "el Gobierno actúa en la potestad que le corresponde" conforme a la Ley de Memoria Democrática, por la que se creó esa plaza. Al hilo, ha destacado que esta ley "viene a atender y dar respuesta a esas víctimas". "Y lo correcto es no privarlas de esa oportunidad", ha añadido.

El nombramiento se ha producido a iniciativa de la ministra de Justicia, Pilar Llop, que ha llevado la propuesta de Delgado al Consejo de Ministros de este martes después de que la Abogacía del Estado concluyera en un informe, encargado por la propia Llop, que no tenía margen legal para no elevarla a la mesa del Gobierno, según fuentes consultadas por EP.

Estos movimientos se enmarcan en la polémica desatada el pasado jueves, cuando García Ortiz acordó adjudicar a Delgado la plaza de Memoria Democrática y Derechos Humanos en contra de la mayoría del Consejo Fiscal, que entiende que la ex fiscal general podría incurrir en una causa de incompatibilidad por su relación sentimental con el ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que dirige una fundación dedicada a los Derechos Humanos. El lunes, la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que suman 7 de los 11 vocales encargados de informar al fiscal general del Estado en materia de cargos discrecionales, enviaron sendos escritos al Gobierno advirtiendo de que la propuesta de nombramiento de Delgado podría ser nula porque no cumplió el trámite legal.